Como era de esperarse, la Junta de Supervisión Fiscal ha reconocido la prioridad absoluta que tiene la contención de la epidemia del COVID-19, y ha indicado su disposición a revisar el Plan Fiscal y a posponer, hasta nuevo aviso, el plan de ajuste de la deuda del gobierno central.

Durante el fin de semana, la Junta emitió un anuncio breve y al grano en el que indica que está colaborando con el gobierno en el manejo de la crisis creada por la pandemia y anuncia que le solicitará al tribunal que preside la jueza Laura Taylor Swain que se aplace la consideración del acuerdo con los bonistas del gobierno central.  No se trata de detener el acuerdo, sino de aplazar su consideración en el tribunal.

En semanas previas, la Junta ya había tomado otras dos medidas relacionadas con la amenaza del COVID-19: darle al gobierno la luz verde para el uso de un fondo millonario de emergencia y solicitarles a las autoridades federales que consideren a Puerto Rico como un posible centro estratégico de manufactura ante la fragmentación de las cadenas globales de suministro ocasionada por la pandemia.

En días recientes se supo que el gobierno tenía pensado solicitar que se dejaran sin efecto los recortes de gastos contemplados en el Plan Fiscal, entre otras medidas para enfrentar los costos económicos de contener la epidemia.  Este es un cambio drástico de énfasis en la política pública, y equivale a decir que este no es momento para la austeridad.

A esa petición hay que añadir otras muchas medidas que se contemplan en el plan de emergencia económica, las cuales también tendrán un efecto fiscal considerable.  Por ejemplo, la posposición del pago de contribuciones, la posible suspensión parcial o total, aunque temporera, del IVU y los pagos directos a trabajadores y empresas para ayudarlos en la crisis.  Aunque parte del costo fiscal lo absorberá el gobierno federal, no hay duda de que el gobierno local se enfrenta a una fuerte pérdida de ingresos y un aumento notable en los gastos.

La Junta ya ha indicado que hay que revisar el Plan Fiscal, lo cual resulta obvio por el simple hecho de que las proyecciones para la economía han cambiado drásticamente en las dos pasadas semanas.  Nadie sabe con certeza cuán grave será el costo económico final, ya que depende de cuánto dure la interrupción de la actividad económica, pero no hay duda de que será fuerte.

En estos momentos, la política económica del gobierno está enfocada en definir, junto a empresarios y trabajadores, una estrategia efectiva para proteger a los más afectados.  Esto requiere apoyar los ingresos de muchos trabajadores, especialmente de los que trabajan por cuenta propia o en empresas que no tienen la capacidad financiera para seguirles pagando durante la cuarentena.  También requiere proveerle alivio contributivo, y quizás ayuda directa, a un gran número de negocios de todo tipo, particularmente a aquellos que no pueden seguir operando de manera remota.

Con ese enfoque obligado de la política económica, las medidas de austeridad del Plan Fiscal tienen que quedar en suspenso, aunque sea de manera temporera.  Más aún, los recursos técnicos de la Junta—que se pagan, no lo olvidemos, con fondos de todos los puertorriqueños—deben redirigirse a apoyar los trabajos del gobierno local durante la pandemia.  Precisamente eso parece decir el aviso de la Junta, por lo cual parece que estamos ante un cambio de énfasis en las operaciones de la entidad.

Está por verse cómo quedará el Plan Fiscal luego de esta revisión, y qué medidas específicas de austeridad quedarán en suspenso, pero se trata de una tarea que no puede tomar mucho tiempo porque ya entramos en la segunda semana de parálisis económica para muchos.