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El derecho a tener información sobre el manejo de los asuntos públicos se ha reconocido como un derecho fundamental. Este derecho tiene una estrecha relación con la libre expresión, porque sin conocimiento sobre la forma en que el gobierno conduce su trabajo es imposible que podamos reclamar remedios ante la corrupción o las injusticias. La judicatura no está, ni debe estar, exenta de la evaluación ciudadana.
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