Luego de las controversias constitucionales sobre el orden de sucesión que se desarrollaron esta semana y la ceremonia de juramentación de Wanda Vázquez ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la gobernadora ahora tiene que enfrentar asuntos complejos sobre la rehabilitación fiscal y económica, y la reconstrucción de la isla.

De inmediato, tendrá que enfrentarse a un Plan Fiscal y un presupuesto enmendado y pronto recibirá un Plan de Ajuste de Deudas para el gobierno central y sus agencias, a ser diseñados e impuestos unilateralmente por la Junta de Supervisión de Puerto Rico, sin proteger pensiones ni definir servicios públicos esenciales, supuestamente protegidos bajo la sección 201 (b) de Promesa.

Además, la gobernadora tendrá que decidir si favorece la nueva reglamentación de supervisión para el desembolso de fondos federales impuesta por el ejecutivo federal y la figura sugerida de Inspector General para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

También deberá determinar si apoya el acuerdo con los bonistas de la AEE (RSA) – aumentando el costo de energía por un 28% - a ser incluido en el Plan de Ajuste de Deuda de la AEE.

Todo esto entrelazado con la noticia sobre contratos de $58 millones en la AEE para tres turbinas de generación de gas, cuya legalidad está siendo cuestionada ante los tribunales por alegadamente ser contrarios a los parámetros de la propuesta oficial (RFP) y por un precio mayor.

También tendrá que tomar una posición sobre la petición de nombramiento pendiente ante el tribunal de Promesa de un monitor para la AEE, debido a la alegada corrupción e ingobernabilidad de la agencia.

A la vez, ante el Primer Circuito federal se encuentran dos litigios en los que bonistas reclaman el pago de interés (“special revenues”) al gobierno central y piden el ingreso de los peajes y arbitrios a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), asuntos que podrían llegar al Tribunal Supremo federal (Assured Guaranty Corp. v. FOMB y Aurelius Capital Master LTD, 1st. Cir. March, 26, 2019).

En ambos casos, la jueza Laura Taylor Swain, que preside el tribunal creado bajo Promesa, había desestimado los argumentos de los bonistas, opinión que luego fue confirmada por el Primer Circuito de Apelaciones.

Luego, el Circuito también denegó la petición de reconsideración pero con un voto disidente extenso de la jueza Sandra L. Lynch, donde explica, que contrario a la opinión de la mayoría, dicha protección a los acreedores es crucial para los mercados de crédito nacionales.

En ambos casos, la controversia gira alrededor del derecho de los bonistas a continuar recibiendo el pago de intereses durante el transcurso del caso de insolvencia o si por el contrario, el gobierno puede sufragar sus presupuestos con estos fondos.

Estos casos establecen precedentes que afectan intereses económicos cruciales para el mercado de crédito municipal - mercado que sobrepasa los tres trillones de dólares - y podrían ser revisados por el Tribunal Supremo federal.

Y, una revocación de la opinión de la jueza Taylor Swain dificultaría cualquier intento de cuadrar los números para confirmar un Plan de Ajuste de Deudas para el gobierno central y la posibilidad de establecer un presupuesto y Plan Fiscal sostenible para la operación del gobierno local.

Pero la decisión más importante que debe hacer la gobernadora Vázquez tiene que ver con la relación y el modus operandi entre el gobierno central, las agencias y la Junta de Supervisión.

Primero, la gobernadora debe decidir si podrá operar el gobierno dentro de los parámetros restrictivos actuales de Promesa o si trata de conseguir cambios a la estructura legal de Promesa según sugerido por congresistas del Partido Demócrata nacional.

Además, tiene que determinar si continúa la táctica de confrontación que mantuvo el exgobernador Ricardo Rosselló sobre medidas laborales y de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal, o si decide bajar las revoluciones.