El Foro Económico Mundial calcula que la corrupción cuesta 5% del GDP global o cerca de $2.6 trillones. El Banco Mundial estima que la empresa privada paga aproximadamente $1 trillón anuales a nivel global. En Puerto Rico, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados ha estimado que el fraude gubernamental cuesta $265.6 millones al año.

Tras el daño extenso causado por los huracanes de 2017, es evidente la necesidad de modernizar nuestra infraestructura y brindar acceso a vivienda segura a toda la población. Veintiún meses más tarde nos azota la revelación de actos de corrupción, como venta de influencias, que resultaron en mal manejo de fondos federales. Aunque estas situaciones no estén relacionadas a los fondos de la reconstrucción, arriesgan su desembolso. Los efectos han comenzado a sentirse desde hace meses con la implantación de “controles adicionales” federales.

A raíz de las acusaciones contra exfuncionarios y colaboradores del gobierno, se han propuesto investigaciones y requisitos adicionales por el gobierno federal para tener mayor control y certeza del gasto. Además, ha resurgido el tema de si debe ser el gobierno federal, con sus luces y sombras, quien maneje estos fondos. Para nosotros, es importante asumir un rol proactivo en la solución. Es hora de que nos enfoquemos en el objetivo apremiante de lograr; reconstruir nuestra infraestructura y brindar acceso a vivienda segura a nuestra población. Para ello es importante se tomen acciones contundentes para erradicar el problema de raíz.

Primero, debemos apoyar el hecho de que sea una entidad federal, enfocada estrictamente en la reconstrucción, quién maneje los fondos federales destinados a esos fines. La Junta debe concentrarse en la rehabilitación fiscal, la nueva autoridad federal en la reconstrucción y el gobierno local en los servicios esenciales a la ciudadanía y apoyar ambas entidades.

Hay precedentes para esta movida: luego del huracán San Felipe en Puerto Rico, del huracán Katrina en Nueva Orleans, y de la tormenta Sandy en Nueva Jersey. Esta entidad debe liberar la burocracia que ha sido establecida en Puerto Rico, optimizar el uso de los fondos y dar preferencia a los constructores locales para maximizar los beneficios de la reconstrucción en Puerto Rico. Es importante que los procesos de contratación sean, además de transparentes, fuertes en la meritocracia.

Segundo, las empresas y entidades que participen de la reconstrucción deben tener sistemas gerenciales que prevengan la corrupción. Debemos retomar una campaña de educación acerca de la importancia de valores éticos y un ambiente saludable de hacer negocios competitivamente.

Se deben tomar acciones para erradicar el cabildeo y la venta de influencias ilegales en la contratación en Puerto Rico. Se debe, además, cumplir con las leyes promulgadas y evitar la concentración de poder de compras. Debemos pensar en controles que eviten que individuos corran campañas políticas con el propósito de lucrarse en una manera desproporcionada debido al poder percibido por el acceso. Pensemos en una manera de contratar basada en méritos, experiencia y competencia.

En fin, es importante lograr una concertación sobre la visión para resolver nuestros problemas. Es el momento idóneo de construir un nuevo Puerto Rico. Convirtamos finalmente nuestros problemas en oportunidades para regresar a la ruta de la prosperidad. Manos a la obra.