Puerto Rico experimenta una militarización. Las caravanas militares y policiales tomando control de avenidas vacías evocan los violentos golpes de estados suramericanos. Es un enfoque equivocado, porque no estamos en guerra. Hay que controlar un virus, no un ejército.

La mitigación de la pandemia del COVID-19 requiere que la ciudadanía y el gobierno cumplan su responsabilidad. El deber del pueblo es mantenerse en casa y tomar medidas preventivas cuando tenga que salir. La gran mayoría de la población ha obedecido esa orden, aunque haya aún mucho incumplimiento. El pueblo está haciendo un sacrificio enorme, poniendo en pausa sus vidas y empobreciéndose.

El gobierno, sin embargo, no ha cumplido del todo bien. El toque de queda fue una decisión acertada y puntual, pero quien la ejecutó fue el pueblo. Se necesitan acciones concretas de parte del gobierno que reduzcan la duración del aislamiento. No hacen pruebas, no hacen seguimiento de contactos, no hablan claro, ocultan datos, no protegen a los profesionales de la salud y no tienen ventiladores. Pero militarizan las calles, intervienen con vehículos sin causa probable y arrestan personas sin seguir el debido proceso de ley. No se trata de encarcelar personas, sino de protegerlas.

La Guardia Nacional no está adiestrada para labores policiacas. La experiencia histórica nos enseña que los ejércitos no son buenos policías. Su adiestramiento se basa en enfrentar un enemigo armado, mientras que la policía protege a una población civil, de criminales que pertenecen a esa misma población. Los enfoques son muy distintos y la posibilidad de que se pisoteen derechos es muy elevada.

Los gobiernos siempre quieren acumular poder. Si se le prestan derechos temporalmente, hay que asegurarse de que los devuelva cuando acabe la emergencia, porque probablemente se hará el desentendido y no devolverá del todo las libertades que quitó. Hay que ser desconfiado del gobierno, porque cuando se ceden derechos en aras de proteger el orden, se pierde democracia. Un gobierno democrático no se define solamente por la elección popular de los gobernantes, sino por el respeto a los derechos civiles. Al ceder derechos, cedemos democracia. 

El gobierno existe para protegernos de nosotros mismos, pero tiene demasiado poder. Es un mal necesario. Le tememos y por eso creamos una carta de derechos y una constitución, en las que le imponemos limitaciones. El gobierno siempre va a querer adquirir más poder. Es su naturaleza. Por eso hay que ser celoso cuando nuestra gobernadora se adjudica amplios y extraordinarios poderes, que pueden ser inconstitucionales. Según una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles, ella no puede crear por su cuenta el delito menos grave de violar el toque de queda, que conlleva cárcel. Se necesita una ley, no basta una orden ejecutiva.

Esperemos que lagobernadora entienda la seriedad de sus acciones y que asuma un sentido de urgencia en hacer su parte. No basta con asegurarse de que nosotros hagamos la nuestra, que en la gran mayoría de los casos, lo estamos haciendo. Usted y su gobierno tienen que hacer la suya.