Concluidas las festividades navideñas y finalizado el circo político que catapultó a un maltrecho Kevin McCarthy (R-California) a la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los ojos del Tribunal Supremo federal nuevamente se centrarán en la condición colonial de Puerto Rico.

Y es que este miércoles, 11 de enero, la máxima curia federal escuchará los argumentos de las partes en el caso que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) con tanta gallardía y firmeza ha interpuesto contra la Junta de Control Fiscal exigiéndole, al palio del derecho fundamental a la información pública que emana de nuestra Carta de Derechos, la divulgación de toda una serie de documentos públicos sobre sus manejos internos.

¿Y qué le está pidiendo el CPI a la Junta de Control Fiscal?

Que haga disponible a la prensa y al público toda una serie de documentos en su poder sobre la situación fiscal de Puerto Rico, incluyendo comunicaciones entre los miembros de la Junta, contratos firmados por la Junta, minutas de reuniones internas, los informes financieros sometidos por los miembros de la Junta (entre otros).

¿Pero existe en Puerto Rico un derecho fundamental a la información pública?

Sí.

¿Y de dónde emana?

De la Sección 4 del Artículo II (Carta de Derechos) de nuestra Constitución. Fue en el histórico caso Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982) (caso que Pedro Juan Soto, padre del joven independentista asesinado en el Cerro Maravilla Carlos Soto Arriví, llevó contra el gobierno), que el Tribunal Supremo de Puerto Rico elevó a rango constitucional el derecho a la información pública - resolviendo que tal precepto constituye corolario indispensable de nuestras más caras libertades de expresión y de prensa.

¿Y si es así por qué la Junta de Control Fiscal, que es “un ente dentro del gobierno territorial”, según resolvió el propio Tribunal Supremo federal en FOMB v. Aurelius (2020), insiste en burlar el mandato constitucional?

Porque, tomando prestado el desprestigiado libreto absolutista de Luis XIV (el mismo que Richard Nixon intentó copiar sin éxito al negarse a entregarle al Congreso las grabaciones que daban prueba de sus diabluras), la Junta alega que goza de inmunidad absoluta, que no se le puede demandar en ningún tribunal sin su consentimiento aun cuando el gobierno territorial ya haya renunciado a tal inmunidad y que, de paso, la Carta de Derechos de nuestra Constitución no le aplica porque el Congreso al aprobar Promesa dejó sin efecto el derecho la información pública que de ella emana.

¿Y le asiste la razón a la Junta?

No.

¿Y por qué?

Porque a la Junta no le asiste la inmunidad soberana que fluye de la Undécima Enmienda (el Supremo federal jamás ha resuelto que un territorio ni mucho menos una entidad territorial goza de la inmunidad que surge de la Undécima Enmienda); porque en todo caso el Congreso al aprobar Promesa la despojó de inmunidad y porque Puerto Rico de todos modos ya la había renunciado. Más aún, el Congreso ni de forma explícita ni implícita ha ocupado el campo con respecto al derecho a la información pública que surge de nuestra Constitución.

En su afán por erigirse en una suerte de entidad supraconstitucional, la Junta invoca hoy privilegios e inmunidades que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos ostenta, como recientemente descubrió Donald Trump en Trump v. Mazars (2020) cuando el Supremo federal resolvió que el presidente no goza de inmunidad absoluta para burlar las investigaciones del Congreso.

Fue el precepto de la transparencia el que guió a George Washington, John Adams e inclusive a Thomas Jefferson en los momentos más álgidos de sus presidencias cuando, acorralados por peticiones congresionales, de forma voluntaria divulgaron la documentación sobre la campaña militar del general St. Clair en territorio indio (1792), la correspondencia que revelaba las escandalosas negociones plagadas de sobornos con el gobierno revolucionario francés en el XYZ Affair (1798) y la evidencia sobre la traición de Aaron Burr (1807), respectivamente.

Jamás se hubieran imaginado los arquitectos del experimento constitucional americano que una Junta territorial (criatura del Congreso) pretendiera ostentar mayores privilegios e inmunidades de los que hoy gozan el presidente, los miembros del Congreso y toda suerte de funcionarios estatales.

Tamaño absurdo.

Cabe destacar que la vista de argumentación de este miércoles sube a escena el mismo día en que aquí conmemoramos el natalicio de Eugenio María de Hostos (1839-1903) -nuestro Ciudadano de América en las esclarecidas palabras de Antonio S. Pedreira.

Al pasar revista sobre lo que está en juego en este caso, no puedo más que recordar aquellas palabras que pronunció Hostos luego de su audiencia con el entonces presidente William McKinley tras la invasión del 1898 (reunión que se dio el 20 de enero de 1899 en la Casa Blanca según revelan los papeles de Mckinley hoy disponibles en la Biblioteca del Congreso): “No he perdido aun la fe en la parte sana del pueblo americano; tan no la he perdido, que en ella han de encontrar los descuidados puertorriqueños el medio efectivo de redimirse, o de lo contrario no hay redención para el pueblo que se empeña en llamarse libre, siendo cada día esclavo”.

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