

Reconocer que el juez federal Pedro Delgado se ajustó a las guías de sentencia vigentes en el caso al imponer “un rato de prisión” al exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ramón Orta, no deja de escandalizar y decepcionar el fin judicial de uno de los casos de corrupción pública más relevantes de los pasados años. Quienes estén afanosamente luchando contra el flagelo de la corrupción pública –una práctica endémica en el servicio público del territorio por años y décadas– tienen que haber sentido un estado de frustración que, sin embargo, no los debe llevar a la claudicación de su esfuerzo moralizador.
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