Juan Manuel Mercado Nieves
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Educación Especial en Puerto Rico: “separate but equal”

Un 18 de mayo de 1896, hace 124 años, en el caso Plessy v. Fergusson, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió - en una de sus más infames, desgraciadas y rastreras decisiones - la doctrina de “separate but equal”, entiéndase “separados pero iguales”. De esa manera, ese Tribunal Supremo dio “imprimatur” constitucional a la segregación racial bajo el supuesto de que, en Estados Unidos, los ciudadanos “negros” eran iguales a los “blancos” civil y políticamente, aunque no socialmente.

Al oficializarse la doctrina de “separados pero iguales” a partir de Plessy, se abrió la puerta al prejuicio y discrimen sancionado por el Estado contra las minorías, contra los “otros”, los no blancos. Esos “otros” tuvieron que esperar 58 años para que ese Tribunal Supremo entendiera lo que a todas luces resultaba evidente, que lo separado era inherentemente desigual; aún cuando las facilidades físicas fueran iguales, existen factores intangibles que previenen que lo “separado” sea “igual”. Ese paso fue dado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1954 en el normativo Brown v. Board of Education.

Brown trajo a discusión en los tribunales la segregación en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Inmaterialmente a lo resuelto en ese caso, la realidad de la segregación, el discrimen y los prejuicios hacia esos “otros” no ha sido superado en ese país. El reciente asesinato de George Floyd y la represión del Estado a quienes se han manifestado en repudio al racismo en Estados Unidos constituyen prueba evidente de que está muy lejos y queda mucho por hacer para conseguir allí una conciliación racial.

Pero la plaga de la segregación no se reduce al racismo y mucho menos a los Estados Unidos. La Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho de las personas a una educación que “propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. Tal aspiración ha sido para los estudiantes de educación especial de Puerto Rico, más que un derecho una aspiración. Se ha tenido que luchar duramente en los tribunales del país para que los jóvenes estudiantes de educación especial sean considerados como acreedores de los derechos que a un ciudadano les garantiza su constitución.

Como si esto fuera poco, el P de la C 1945, que pretende crear una “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”, parece fundada en la doctrina de “separados pero iguales”. Esa medida, a mi juicio, atenta en contra de los derechos de los estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial y los logros que fueron obtenidos a través del caso de Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación.

Un adefesio legislativo como el P de la C 1945 coloca a los estudiantes de educación especial en cierto grado de exclusión, derrota el concepto de una educación integrada, como mandata nuestro ordenamiento, y crea un embeleco denominado Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial que mucho más que resolver, enreda a padres, madres y estudiantes en un complejo entramado burocrático que en momentos de estrechez presupuestaria perjudicaría los servicios educativos y beneficios de otra índole requeridos y conquistados por nuestros niños y niñas de educación especial. 

Más allá de una educación integrada, el P de la C 1945, separa y segrega, como hizo hace 124 años, en los Estados Unidos el triste caso de Plessy v. Ferguson.  Tal parece que para los autores de esta medida la exclusión no es un tipo de discriminación, por lo que, para ellos, el tiempo se detuvo al pretender devolver a nuestros niños y niñas a un régimen de segregación y exclusión. Esta medida crea en Puerto Rico dos tipos de estudiantes, los de “corriente regular” y los “otros”, separados y “no iguales”. El P de la C 1945 es producto del árbol envenenado del prejuicio y no debe de ser aprobado.


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