Es impresionante la capacidad que tenemos los puertorriqueños para celebrar intensamente el período navideño, que extendemos hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián. La vehemencia es de tal naturaleza que da la impresión de que nos olvidamos de los problemas que, colectiva o individualmente, podamos estar padeciendo. Cabe preguntarnos si la situación que estamos viviendo y las decisiones que hay que tomar permiten un receso navideño tan ilusionado y extendido.

El año 2019 será decisivo para el país. Las decisiones y acciones que se tomen afectarán a muchas futuras generaciones de nuestros compatriotas. De entrada, las negociaciones con los acreedores y las políticas fiscales que comprometan nuestros ingresos a largo plazo tienen que evaluarse y monitorearse con gran celo. Si los términos de la negociación con los acreedores de los bonos de Cofina son ejemplo de lo que se avecina, debemos estar sumamente preocupados. Si a esto añadimos que gran parte de la población está desentendida de la trascendencia de estas circunstancias, el asunto se agrava.

El único aspecto que permite algún grado de optimismo es la molestia que existe en todos los sectores del país con el trato —debo decir maltrato— del gobierno de Estados Unidos hacia nosotros. Por primera vez en nuestra historia moderna, todos los sectores ideológicos coinciden en su rechazo a las acciones y omisiones del gobierno estadounidense para con el país. Me llamó mucho la atención escuchar en un programa de “análisis político” (en el que todos los panelistas son propulsores de la estadidad) el uso de frases como “imperialismo yankee” o “la dictadura corporativa” para referirse al trato que el sector estadista percibe que está recibiendo nuestro gobierno por parte de Estados Unidos. Se trata de expresiones que en el pasado se escuchaban sólo del sector independentista. Molestia similar, aunque menos estridente, se escucha también del sector autonomista, como consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense en el caso de Sánchez Valle y de la aprobación de la Ley Promesa con los poderes otorgados a la Junta de Control Fiscal por el Congreso.

Ese “alineamiento” de los sectores ideológicos debería propiciar un frente común para asuntos fundamentales. Primeramente, la necesidad de atender de manera definitiva el tema del estatus, lo que permitiría desarrollar un verdadero proyecto de futuro en cualquiera de la opciones descolonizadoras. Las decisiones que se están tomando —y que se tomarán en el 2019— podrían afectar la viabilidad de algunas opciones descolonizadoras. Comprometer nuestro presupuesto y limitar nuestras posibilidades de desarrollo económico al no fiscalizar las decisiones que se tomen, o no exigir responsabilidades por la deuda y reclamar transparencia en el proceso decisional, nos condenaría indefinidamente a un estatus territorial.

Me explico: no hay posibilidades de que el Congreso esté receptivo a la anexión de Puerto Ricocomo un nuevo estado cuando tenemos comprometidos gran parte de los ingresos con el pago de la deuda, lo que limita significativamente nuestra capacidad para aportar, mediante el pago de impuestos, al funcionamiento del gobierno federal. De igual manera, otras opciones descolonizadoras, como la independencia o la libre asociación, se afectarían al no ser atractivas para los sectores de poder en Estados Unidos pues serían en detrimento de sus intereses ya que se necesitaría la intervención del Congreso para asegurar el pago y proteger sus haberes. La desesperanza que todo esto propicia perpetúa el sentido de dependencia inherente a un estatus territorial.

Las decisiones de naturaleza económica que se están tomando, con transcendencia a los próximos cuarenta años, no pueden seguir dándose mediante procesos de poca o ninguna transparencia, con asesores con claros conflictos de interés, con impunidad y con la carga hacia el sector más vulnerable de la población. Que esto termine debe ser reclamado ahora y por todos. Apostemos a no convertir nuestra extendida ilusión navideña en una venda más.