Un año después de uno de los veranos más intensos en nuestra historia, Puerto Rico vive otro proceso igualmente angustioso. Nos confrontamos con la destitución de la secretaria de Justicia como parte de un alegado esquema de interferencia con un referido ante la Oficina del Fiscal Independiente con respecto a la gobernadora Wanda Vázquez y otros funcionarios de su administración.

Ante tales denuncias, la gobernadora ofreció una conferencia de prensa en la que evadió discutir los méritos de los referidos respecto a la intervención de figuras políticas en la entrega de ayudas federales a los afectados por los terremotos en la zona sur de la isla. La gobernadora optó por lanzar lo que en el folklore insular se conoce como un “barrecampo” contra Dennise Longo. A la saliente secretaria de Justicia, la gobernadora le imputó intervenir de manera inapropiada, luego de supuestamente haberse inhibido, en una investigación desarrollada por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos respecto al manejo de fondos federales del programa de Medicaid.

La gobernadora, lejos de ayudarse, se enredó aún más en la madeja de intrigas e interrogantes sobre supuestos manejos y obstrucciones en los que se le imputa estar involucrada. En esta discusión es importante tener presente que la controversia en torno al Departamento de Salud se suscita porque la entonces secretaria interina, Consuelo Quiñones de Longo - madre de la secretaria de Justicia - denunció que fue excluida de la toma de decisiones fundamentales de su departamento, generando interrogantes sobre el proceso de adquisición de pruebas para diagnóstico del COVID-19. Por estar involucrada su señora madre, Dennise Longo optó por inhibirse de esa investigación.

De forma contemporánea a esta investigación, se desarrolló otra con respecto a los eventos antes mencionados relacionados a la politización de las ayudas a los damnificados por los terremotos. Sobre esta investigación, la secretaria Longo Quiñones solicitó una opinión a la Oficina de Ética Gubernamental sobre si podía intervenir o si también debía inhibirse. La Oficina de Ética concluyó que no procedía su inhibición pues esta investigación nada tenía que ver con las actuaciones de su señora madre en el Departamento de Salud.

La gobernadora, sin embargo, sin ningún tipo de alerta pública previa, trajo a colación en la conferencia de prensa otra investigación distinta, iniciada por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos respecto al manejo de fondos del programa de Medicaid en Puerto Rico. Con respecto a la misma, ataca a la secretaria Longo por supuestamente haber participado a pesar de supuestamente estar inhibida y le achaca actuaciones impropias por tal proceder. No aclara la gobernadora que esta no es la investigación de la cual Longo se había inhibido y que la misma no está bajo su control o discreción.

Con este proceder la gobernadora no actúa en armonía con la verdad. La investigación a la que alude la primera ejecutiva es otra totalmente distinta y de nuevo, no es Longo quien la controla. Si el problema era que Longo actuó de manera ilegal o en desatención al mejor interés público, la gobernadora falló en mencionar siquiera una instancia mínima en donde ello hubiera ocurrido. Tampoco identificó alguna queja o señalamiento sobre el particular por parte del gobierno federal.

Resulta, entonces, que todo esto se trata de un esquema burdo de distracción de atención y de intentar afectar la imagen de la secretaria saliente con el fin de escapar del problema medular en que está involucrada la gobernadora. Esto es, si se cometió alguna irregularidad en la tramitación de las ayudas a los afectados por los terremotos y si ella o sus allegados han intentado de alguna manera afectar que se esclarezca la verdad de lo acontecido.

El proceder de la gobernadora arroja sombras y obstáculos mayores que dificultan descubrir la verdad. En conclusión, no hay trasparencia en el proceder de la señora gobernadora. La primera ejecutiva, en vez de crecerse ante las circunstancias, optó por actuar de conformidad a las peores prácticas de la política en Puerto Rico. Con su barrecampo, ha erosionado la confianza pública y afectado la imagen de su gobierno. Por donde quiera que mire, la gobernadora -en vez de crecerse- decidió ser una triste nota al calce en la trayectoria política de Puerto Rico.