La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el primer circuito invalidó la ley federal que niega el beneficio del “Supplemental Security Income” a personas pobres de más de 65 años y a personas ciegas o incapacitadas si residen en Puerto Rico. No es la primera ocasión en que se cuestiona esa ley. El asunto había llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1978, la cual validó la ley. Dos años más tarde, en otro caso que trataba sobre otra ayuda federal, la Corte decidió que ese discrimen no era inconstitucional porque en virtud de los poderes plenarios sobre el territorio no incorporado, el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico, si su determinación es “racional”. Determinó que era racional discriminar contra los pobres de Puerto Rico porque aquí no se pagan impuestos federales, y enviar todo ese dinero desestabilizaría la economía de Puerto Rico. Es decir, no sería bueno brindarle ayuda federal a la gente más pobre que vive en un territorio sujeto a los poderes congresionales, y que no puede gestionar verdadero desarrollo económico por la camisa de fuerza del colonialismo.

Ahora la Corte de Apelaciones ha resuelto, por el contrario, que la ley es irracional porque la gente de Puerto Rico sí paga contribuciones federales y que resulta contrario a los objetivos de un programa de ayuda a gente pobre negarle los beneficios por el hecho de vivir en un lugar geográfico determinado. La sentencia, escrita por el juez puertorriqueño Juan Torruella, intenta enderezar un entuerto mediante una sentencia judicial técnicamente muy bien fundamentada en derecho, aderezada por un profundo sentido de justicia.

Pero no saquen todavía las copas para celebrar. Seguramente el gobierno de Estados Unidos va a llevar el asunto ante la Corte Suprema, para que revoque. Van a articular argumentos basados en los precedentes del 1978 y 1980 y en el reclamo de los poderes plenarios del Congreso para legislar sobre Puerto Rico, especialmente en materias económicas. Argumentarán que este caso no era idóneo para cuestionar la ley porque solo es un cobro de dinero que el gobierno reclama a una persona que siguió recibiendo ilegalmente los beneficios después de mudarse a Puerto Rico. En los próximos meses se desarrollará el drama judicial: si la administración Trump apela; si la Corte Suprema atiende la petición; quizá haya vista oral. Finalmente decidirán.

Es importante recordar que en los 120 años bajo la soberanía de los Estados Unidos, la Corte Suprema nunca ha invalidado una ley congresional relacionada con Puerto Rico. Si lo hace ahora, sería la primera vez.

Además de las consecuencias jurídicas de esta decisión, esto tendrá consecuencias políticas aquí y allá. ¿Cuáles serán las movidas demócratas y republicanas ante el electorado hispano y puertorriqueño de allá? Si la administración cuestiona la decisión, ¿los demócratas se lanzarán a apoyarla, buscandoapoyo electoral? ¿Y después de las elecciones, si ganan la presidencia y el Senado, estarán dispuestos a enviar millones de dólares para que los pobres de Puerto Rico tengan SSI? ¿O eso será solo otra promesa incumplida? ¿Qué impacto tendría el SSI sobre la actitud en torno a la estadidad para Puerto Rico? ¿La facilitará porque el costo de la estadidad no sería tanto si ya bajo el territorio se empieza a recibir esa ayuda? ¿O a quien favorecería sería al inmovilismo territorialista, si convence a Washington de que la paridad de fondos federales reduce el apoyo de la estadidad y le resuelve ese dilema a los Estados Unidos? ¿O todo esto lo que favorecerá es que los Estados Unidos salgan de Puerto Rico, porque les está saliendo demasiado caro tanto el territorio como la estadidad, y facilitarán un proceso de libre determinación que resulte en nuestro acceso, finalmente, a la soberanía? El tiempo dirá.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el primer circuito invalidó la ley federal que niega el beneficio del “Supplemental Security Income” a personas pobres de más de 65 años y a personas ciegas o incapacitadas si residen en Puerto Rico. No es la primera ocasión en que se cuestiona esa ley. El asunto había llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1978, la cual validó la ley. Dos años más tarde, en otro caso que trataba sobre otra ayuda federal, la Corte decidió que ese discrimen no era inconstitucional porque en virtud de los poderes plenarios sobre el territorio no incorporado, el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico, si su determinación es “racional”. Determinó que era racional discriminar contra los pobres de Puerto Rico porque aquí no se pagan impuestos federales, y enviar todo ese dinero desestabilizaría la economía de Puerto Rico. Es decir, no sería bueno brindarle ayuda federal a la gente más pobre que vive en un territorio sujeto a los poderes congresionales, y que no puede gestionar verdadero desarrollo económico por la camisa de fuerza del colonialismo.

Ahora la Corte de Apelaciones ha resuelto, por el contrario, que la ley es irracional porque la gente de Puerto Rico sí paga contribuciones federales y que resulta contrario a los objetivos de un programa de ayuda a gente pobre negarle los beneficios por el hecho de vivir en un lugar geográfico determinado. La sentencia, escrita por el juez puertorriqueño Juan Torruella, intenta enderezar un entuerto mediante una sentencia judicial técnicamente muy bien fundamentada en derecho, aderezada por un profundo sentido de justicia.

Pero no saquen todavía las copas para celebrar. Seguramente el gobierno de Estados Unidos va a llevar el asunto ante la Corte Suprema, para que revoque. Van a articular argumentos basados en los precedentes del 1978 y 1980 y en el reclamo de los poderes plenarios del Congreso para legislar sobre Puerto Rico, especialmente en materias económicas. Argumentarán que este caso no era idóneo para cuestionar la ley porque solo es un cobro de dinero que el gobierno reclama a una persona que siguió recibiendo ilegalmente los beneficios después de mudarse a Puerto Rico. En los próximos meses se desarrollará el drama judicial: si la administración Trump apela; si la Corte Suprema atiende la petición; quizá haya vista oral. Finalmente decidirán.

Es importante recordar que en los 120 años bajo la soberanía de los Estados Unidos, la Corte Suprema nunca ha invalidado una ley congresional relacionada con Puerto Rico. Si lo hace ahora, sería la primera vez.

Además de las consecuencias jurídicas de esta decisión, esto tendrá consecuencias políticas aquí y allá. ¿Cuáles serán las movidas demócratas y republicanas ante el electorado hispano y puertorriqueño de allá? Si la administración cuestiona la decisión, ¿los demócratas se lanzarán a apoyarla, buscandoapoyo electoral? ¿Y después de las elecciones, si ganan la presidencia y el Senado, estarán dispuestos a enviar millones de dólares para que los pobres de Puerto Rico tengan SSI? ¿O eso será solo otra promesa incumplida? ¿Qué impacto tendría el SSI sobre la actitud en torno a la estadidad para Puerto Rico? ¿La facilitará porque el costo de la estadidad no sería tanto si ya bajo el territorio se empieza a recibir esa ayuda? ¿O a quien favorecería sería al inmovilismo territorialista, si convence a Washington de que la paridad de fondos federales reduce el apoyo de la estadidad y le resuelve ese dilema a los Estados Unidos? ¿O todo esto lo que favorecerá es que los Estados Unidos salgan de Puerto Rico, porque les está saliendo demasiado caro tanto el territorio como la estadidad, y facilitarán un proceso de libre determinación que resulte en nuestro acceso, finalmente, a la soberanía? El tiempo dirá.