La pandemia generada por el COVID-19 ha tenido que ser enfrentada por unos Estados que en su mayoría habían venido experimentando grandes desgastes en su gobernabilidad, es decir, su capacidad de producir resultados adecuados a las necesidades y crisis que se les presentan. 

Desde los años 80 ha predominado en los círculos políticos y administrativos de la mayoría de los países del planeta la ideología neoliberal. Entre los fundamentos de la misma están la reducción del tamaño de los gobiernos, la privatización de servicios gubernamentales, el pago de todas las deudas, el abandono de las políticas sociales, entre otros. Un corolario de esta ideología lo es la creencia de que el sector privado de la economía es capaz de producir cualquier bien y ofrecer cualquier servicio mejor que el Estado. 

A nivel local, hemos visto cómo en una campaña político-partidista tras otra se ha presentado al gobierno (la parte activa del Estado) como la fuente de la mayor parte de los problemas que aquejan al país. Más aún, se ha dicho que el gobierno es el problema. Asimismo, se ha promovido la idea de que los funcionarios públicos son personas indolentes e improductivas. Esto ha venido acompañado de acciones gubernamentales que han desmantelado nuestro servicio público y sus capacidades. Entre estas, el despido masivo de empleados, el cierre de agencias, la privatización de servicios, la congelación de contrataciones y salarios en el sector público, la reducción de beneficios marginales, la contratación de altos ejecutivos gubernamentales sin formación ni experiencia en la administración pública, etc. Las mismas han debilitado las capacidades estatales de cara a una crisis. Sin embargo, no han logrado promover el crecimiento económico, han aumentado la pobreza y disminuido la capacidad estatal para enfrentar desafíos como los que el país ha encarado durante los pasados años. 

Ahora, que la pandemia del COVID-19 ha detenido la mayor parte del sector privado, los Estados se presentan como las únicas entidades capaces de orquestar una respuesta adecuada a la misma. Ahora los sistemas de salud estatales coordinarán las estrategias para evitar la propagación, restablecer la salud y promover el desarrollo de vacunas y tratamientos. Ahora el Estado promoverá paquetes de ayuda para individuos, negocios y posiblemente al gran capital. En fin, la vuelta a la normalidad. 

¿Qué lecciones les deja esta crisis a los gobiernos del mundo en general y al de Puerto Rico en particular?  Primero, debe profesionalizarse la alta dirección de las agencias gubernamentales. Hay que nombrar a los funcionarios más capacitados, con mayor experiencia y con mejores cualidades de liderazgo. Esta crisis ha desvelado carencias en las capacidades del personal en estos puestos, lo que ha mermado la capacidad de respuesta estatal, tanto en el país, como en otras latitudes.  

Segundo, deben fortalecerse las instancias de investigación y desarrollo, sobre todo en el área biomédica. En muchos países, previo a esta pandemia, se habían venido reduciendo las inversiones y subvenciones estatales a esta área. El Estado debe fortalecer las universidades y centros de investigación para prever amenazas futuras y desarrollar respuestas de forma oportuna.  

Tercero, debe capacitarse a la alta dirección estatal en el manejo de emergencias y desastres. Varias universidades del mundo han organizado los conocimientos y experiencias en estas áreas y han desarrollado programas de certificados, maestrías y doctorados en esta área. Valdría la pena formar una masa crítica de oficiales gubernamentales en esta disciplina. 

Esperamos que la próxima crisis que enfrentemos, a nivel local o mundial, nos encuentre con unos Estados con capacidades adecuadas de respuesta.