Gerardo A. Carlo-Altieri
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El futuro de Promesa

Raúl M. Grijalva, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, presidió una vista sobre los efectos que ha tenido el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (Promesa) sobre la isla.  

Además, solicitó las opiniones de varios funcionarios locales sobre su anteproyecto de enmienda a Promesa, que incluye definir los “servicios esenciales”, transferir los costos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al Tesoro federal, eliminar las deudas no aseguradas y crear una comisión para auditar la deuda.

A la vez, el anteproyecto establece dos nuevos puestos federales: uno para controlar los fondos para la reconstrucción y otro para reestructurar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), agencia que representa la “joya de la corona” en la mente de políticos locales y metropolitanos.  

Grijalva también presentó recientemente ante la Cámara de Representantes una resolución histórica, donde pide el repudio del razonamiento racista utilizado por el Tribunal Supremo federal al desarrollar la doctrina de los Casos Insulares, que establece el dominio del Congreso sobre Puerto Rico. 

La representante Nydia Velázquez, por su parte, favorece definir los servicios esenciales, traspasar los costos de la JSF al gobierno federal y la auditoría, pero no respalda crear puestos federales para sustituir poderes políticos locales.

A la vez, la comisionada Jenniffer González apoya la auditoría y la protección de pensionados, aunque opina que el proyecto no tiene posibilidad alguna por la oposición del Senado y Casa Blanca a enmendar Promesa.  

En las vistas ante el Comité de Recursos Naturales también testificaron Omar Marrero, representante del gobierno de Puerto Rico y Natalie Jaresko, directora de la JSF, quien fue la única voz en el desierto que defendió a la Junta.  

Ambos oficiales testificaron en contra de la auditoría, por entender que es el tribunal de Promesa quien debe establecer responsabilidades, interpretación que confunde el proceso de fijar la legalidad de las reclamaciones con una auditoría forense e integral de la deuda publica soberana. 

Además, Jaresko minimizó el informe sometido por la JSF a la organización sobre información de mercados (EMMA) donde surge que hay un riesgo considerable en la reestructuración de la deuda del gobierno, debido a la posible reducción en fondos federales que puede llegar hasta 56%. 

Por su parte, el senador Eduardo Bhatia se opuso a las dos nuevas figuras federales de control, recomendó regresar al sistema contributivo federal del pasado para beneficiar a industrias extranjeras y aprueba que los costos de la JSF pasen al gobierno federal. 

El proyecto también incluye algunas reglas propuestas por la congresista Velázquez y la senadora Elizabeth Warren para evitar los conflictos de interés de miembros de la Junta y deprofesionales contratados, cuyos alegados conflictos han sido señalados, aunque posiblemente no tendrían efecto retroactivo. 

Dichas enmiendas surgen porque Promesa restringió el poder del síndico federal que normalmente supervisa la contratación de profesionales y eximió la sección 101(14) del Código de Bancarrota Federal, que requiere que todo profesional contratado sea “persona desinteresada” sin conexión previa o interés adverso en el caso.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz testificó en contra del nombramiento de oficiales federales adicionales, prohibir cabilderos en la JSF y requerir informes financieros a los miembros de la Junta. 

Además, la alcaldesa atacó a los bonistas “buitres” y aclaró que pondría al pueblo por encima de la prioridad en el pago de la deuda, contrario a la Constitución, argumentando que hay que adaptar la norma a la actualidad. 

Cruz finalizó con una cita dramática de Eleonor Roosevelt: “que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”.

Esta vista es importante porque pone sobre la mesa posibles soluciones al problema socio-económico tan complejo que navega Puerto Rico, pero también indica que no debemos depender de “rescates” federales exógenos, sin diseñar soluciones genuinas internas y asumir obligaciones razonables. 


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