Existe un impuesto del que poco se habla, pero todos pagamos. No surge del Código de Rentas Internas, no se calcula en una planilla y no lo administra el Secretario de Hacienda. Sin embargo, probablemente es el impuesto más caro que existe en Puerto Rico. A este impuesto lo llamo: el impuesto político.Lo podemos definir como el costo que los ciudadanos terminan pagando cuando el liderato político se niega a aceptar la realidad fiscal del mal diseño de nuestro andamiaje contributivo. La discusión de una reforma contributiva seria suele comenzar con el reconocimiento de un hecho incómodo: los cambios al sistema contributivo no serán interpretados por todos como “justos”, pues la realidad es que no se podrá beneficiar a todos a la vez. Siempre habrá alguien que perderá un privilegio.Por las pasadas décadas, el sistema se ha ido llenando de exenciones, créditos, deducciones especiales y tratamientos preferenciales creados, muchas veces, con buenas intenciones (aunque otras pudiesen tener nombre y apellido). El problema es que cada beneficio tiene un costo fiscal. El mismo que no desaparece por la mejor intención que se hubiese tenido al legislarlo. Simplemente se redistribuye hacia los que no tienen la oportunidad de reclamar estos beneficios y siguen atrapados cargando el sistema.