Se han hecho señalamientos recientemente sobre el paulatino desmantelamiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y el alquiler y restauración de su sede, el antiguo edificio del Asilo de Beneficencia. Estos son dos asuntos separados.

El ICP fue creado en 1955 por un grupo de asesores del gobernador Luis Muñoz Marín, encabezados por el licenciado José Trías Monge. Su primer director ejecutivo, el Dr. Ricardo Alegría, lideró el proyecto de rescate de la cultura puertorriqueña y la preservación del Viejo San Juan.

El desmantelamiento del ICP obedece a una agenda política iniciada por el gobierno de Carlos Romero Barceló cuando nombró como directora a la controversial Leticia Del Rosario. El proceso de desmantelamiento ha ido escalando desde que falleció su incansable defensor Ricardo Alegría, en el 2011.

Los dos partidos políticos gobernantes han sido incapaces de establecer una política pública cultural, coherente con un plan maestro de desarrollo cultural, que a su vez genere actividad económica al país.

La misión y gestión del ICP no dependen de una sede. Lo importante es preservar la institución sin forzarla a ocupar una estructura enferma, para cuya restauración el gobierno carece de fondos.

El antiguo edificio del Asilo de Beneficencia pertenece al Departamento del Interior del gobierno estadounidense. A raíz de la restauración del complejo de Ballajá, conmemorando el Quinto Centenario del descubrimiento de América en 1992, el gobierno federal cedió el usufructo del edificio al gobierno del entonces gobernador Rafael Hernández Colón, condicionado a que preservara su estructura.

El gobierno determinó convertir el recién restaurado edificio en la tercera sede del ICP, anteriormente ubicado en el antiguo Casino de Puerto Rico (hoy Centro de Recepciones) y el Convento de los Dominicos.

Al pasar los años, el antiguo Asilo de Beneficencia se fue deteriorando y actualmente es un edificio enfermo con asbesto y plomo. Representa un alto riesgo para la salud humana.

El gobierno no posee los millones de dólares requeridos para restaurar el edificio ni conseguirlos debería ser la prioridad presupuestaria ante otras necesidades que apremian en campos como la salud, la educación y la seguridad pública.

Ante este escenario, el Estado tiene tres opciones: mantener el edificio deshabitado, sufriendo los embates climáticos y su eventual colapso; devolverlo al gobierno federal para que lo restaure y disponga de la estructura; o, reteniendo el control, alquilarlo a una entidad que invierta en la restauración, contribuyendo así a la preservación histórica de la zona y la creación de empleos y actividad económica.

Es curioso que en Cuba, con una economía centralizada y escasez de fondos, el gobierno alquila edificios históricos a inversionistas europeos que asumen los altos costos de restauración y su conversión en hospederías.

La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana resalta en un informe que algunos “de los recursos financieros para el desarrollo los facilitaron las empresas hoteleras”.

En el 2016 el gobierno de Puerto Rico alquiló el antiguo Asilo de Beneficencia a una firma hotelera puertorriqueña con una probada trayectoria exitosa de décadas. La firma asumiría el costo de sobre $20 millones para restaurarlo.

Esta firma opera exitosamente El Convento, el principal hotel del Viejo San Juan. El mantenimiento minucioso y preservación de la histórica estructura testimonian lo que sería la nueva hospedería en los terrenos del Morro.

Desafortunadamente, el gobierno de García Padilla no manejó efectivamente el proceso, exponiéndose a críticas por falta de transparencia. Es lamentable que el ambiente de corrupción que arropa a Puerto Rico cree suspicacia y salpique iniciativas valiosas como la del nuevo proyecto hotelero.

Confiemos en que los arrendatarios no pierdan su interés y terminemos con un edificio abandonado, alquilado a especuladores aventureros, o devolviéndole la estructura al gobierno federal, admitiendo ser incapaces de manejar nuestros asuntos.