En los pasados días, un grupo de viequenses realizó varias protestas con el fin de dirigir la atención gubernamental hacia el grave problema de transportación marítima que allí se padece desde hace mucho tiempo. De una parte, manifestantes en kayaks atrasaron la salida del ferry que utilizaría la directora de la Autoridad para el Transporte Marítimo. Por otra, una nutrida representación ciudadana se apostó desde temprano frente a la Alcaldía, donde se encontraba reunida la licenciada Mara Pérez, con el fin de protestar sus ejecutorias ministeriales y solicitarle la renuncia. Esa protesta continuó hasta el muelle, donde se pretendió mediante la disidencia política crear una experiencia de empatía que pudiera posibilitar una comunicación más auténtica entre la ciudadanía y la funcionaria. El reclamo que mejor lo resume es el siguiente: “que pase por lo que pasamos nosotros todos los días”. 

De primera instancia, las autoridades utilizaron el habitual y sospechoso discurso de presunta “seguridad ciudadana” con el fin de desaprovechar esa oportunidad de comunicación. La aproximación estatal, en vez de abrirse al diálogo con la ciudadanía que protestaba por un asunto que nos concierne como colectivo, catalogó el evento como poco más que un aparente crimen ordinario. De esta manera, al intentar judicializar una controversia eminentemente política, se pretendió redirigir la atención a las formas y no así a la sustancia de la protesta. Sin embargo, el libreto no funcionó. Recientemente, tras visibilizar la gravedad de la crisis en la opinión pública e incrementar la presión ciudadana, la protesta viequense provocó que la gobernadora removiera a Pérez de cualquier gestión sobre el tema. Un proceder que sin la protesta hubiese sido muy improbable, si no imposible.  

Conviene recordar que la democracia no es una entelequia monolítica, sino un proceso de construcción ciudadana que aspira a organizaciones más inclusivas, justas y equitativas para la solución de problemas comunes. Confundir democracia y política con Estado, es decir, con un aparato burocrático, es vaciar de potencialidad esos dos conceptos que se entrelazan. La política no muere en los linderos de las instituciones públicas. Esta se hace allí donde un grupo de personas reta el orden de distribución de poderes con reclamos igualitarios, tanto dentro como fuera de las instituciones. Reclamos que surgen de grupos que se sienten los sin-parte (no incluidos igualitariamente) en Estados muy susceptibles de exclusión ciudadana. 

La protesta, más específicamente si es desobediencia civil, es una herramienta de disidencia política que típicamente surge de aquellas personas que se conciben como los sin-parte. El llamado a la empatía de quienes han manifestado su disidencia en Vieques no es más que un ejercicio para convencer a las autoridades de la exclusión de la que sí son parte. Esas manifestaciones fueron todo menos caprichosas o criminales. Su aproximación dialógica pretendió crear las condiciones -mediante la empatía- para una comunicación entre iguales, no meramente entre dirigentes y dirigidos.  Son muchos los años de ineficiencia, desdén y olvido negligente por parte del Estado respecto a los recurrentes problemas de transportación marítima de Vieques y Culebra. Es razonable que la pasividad ciudadana no sea una opción en estos momentos críticos. 

Aceptar la protesta como parte del quehacer político es una muestra de madurez democrática. Vivimos en Estados extremadamente falibles y corruptibles. Una ciudadanía activa sobre temas colectivos es, por ende, un contrapeso plebiscitario ante los recurrentes errores de nuestras instituciones. De poco o nada vale hablar de Gandhi o de Martin Luther King si se contribuye normativa o discursivamente a criminalizar a quienes hacen política en nuestras calles y mares. Seguir utilizando el caduco y contraproducente discurso de “ley y orden” en estos casos, que tanto sufrimiento ha provocado durante décadas, es reafirmar la exclusión de la que se sienten parte los que se construyen como los sin-parte. 

El Estado debe asumir humildemente su incapacidad para resolver de forma satisfactoria las múltiples necesidades ciudadanas. Eso abriría las puertas a entender mejor a quienes protestan, a quienes no han tenido los privilegios que pocos sí disfrutan desde que nacieron. Vieques tiene una larga trayectoria de desobediencia civil por injusticias y negligencias recurrentes. Utilizar la norma penal para intentar acallarlos es pervertir el Derecho penal. Parafraseando la recién fenecida Agnes Heller, el sistema social es de dominación, y la parte dominante no puede ser movida a escuchar una argumentación a menos que se le fuerce a prestar atención. No son los más vulnerables quienes deben ponerse en los zapatos de quien más poder ostente.