Este mes de julio entró en vigor el tratado revisado de libre comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá, antes conocido como NAFTA, ahora como USMCA (por sus siglas en inglés). Para la administración del actual presidente Donald Trump, la revisión se convierte en el cumplimiento de una de sus promesas de campaña, siendo una importante carta de reelección ante sus otros fracasos en política exterior.

El NAFTA era ya considerado un acuerdo en necesidad de revisión, de lo que denominan tercera generación (liberalización comercial más allá de meras mercancías y la incorporación de nuevas tecnologías).

Su entrada en vigencia llega en medio de crecientes tensiones con Canadá. La administración Trump amenaza a su vecino del norte con la imposición de nuevos aranceles a la importación de aluminio canadiense. Estados Unidos presiona para que Canadá imponga cuotas a sus exportaciones del metal o enfrentarse a un gravamen del 10 por ciento.

La reimposición de este arancel, el cual fue eliminado en mayo de 2019, provocaría una represalia canadiense, posiblemente implementando medidas proteccionistas a su industria lechera, que ha encontrado fuerte competencia estadounidense.

Con México también hay grandes desencuentros en temas laborales, de propiedad intelectual y biotecnología. Bajo la actual administración del presidente Manuel López Obrador, el gobierno mexicano ha limitado las exportaciones e inversión estadounidense, en gran parte como respuesta al trato de Trump a los mexicanos en Estados Unidos y por el impacto del libre comercio en industrias mexicanas.

En el caso de la biotecnología, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Asuntos Rurales de México no ha aprobado permisos de importación de productos de organismos genéticamente modificados, clave en la producción de alimentos estadounidense. El país ha limitado su importación al mercado mexicano desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018.

La industria de refinería estadounidense también critica recientes medidas del gobierno mexicano en el cambio de reglas de inversión para favorecer a la petrolera estatal Pemex a expensas de productores estadounidenses.

México también prometió reformas a sus leyes laborales otorgando a los trabajadores mexicanos el derecho a votar en sindicatos independientes y a emitir votos secretos. Esto es un elemento esencial del acuerdo en relación a las condiciones de trabajo en el país azteca, aunque no debemos olvidar que la inversión norteña también se benefició de su explotación.

Una de las mayores diferencias del USMCA son las reglas más severas en la producción de automóviles. El objetivo sería aumentar la fabricación dentro de la región, requiriendo que la industria realice cambios costosos en la producción. Esto conlleva un periodo de transición de tres a siete años para cumplir plenamente con las nuevas regulaciones. Por un lado, se espera que ello lleve al aumento de empleos en los Estados Unidos, pero por otro, ello incidirá en mayores costos en el producto final.

La intención es crear una “muralla anti-China” y un “alcázar norteamericano”, ya que una sección del acuerdo dispone que sus miembros no pueden negociar la liberalización comercial con países que no implementen políticas de “libre mercado” (de acuerdo con la administración Trump). Además, los resultados del libre comercio siempre pesan más sobre las clases asalariadas y el medio ambiente. Habrá que ver cómo la actual pandemia y recesión reciben el acuerdo a corto y largo plazo