La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), órgano creado para llevar a cabo la reorganización de la deuda de Puerto Rico, ha seguido un patrón consistente. 

Inicialmente consiguió un acuerdo - negociado aceleradamente - para reajustar alrededor de $5,000 millones del Banco Gubernamental de Fomento (GDB) sin identificar a responsable alguno por las acciones de sus directores en la concesión de financiamientos irresponsables.

Luego, se aprobó el Plan de Ajuste de Deuda para Cofina, con un recorte de principal muy bajo y que no dejó a nadie satisfecho, pero se liquidaron más de $17,000 millones en bonos con prioridad.  

Existe además un acuerdo voluntario entre acreedores  y la Autoridad de Energía Eléctrica (RSA) que contiene un compromiso de apoyo al Plan de Ajuste de Deuda de la AEE que trata con otros $8,600 millones en deuda, pero atado a un aumento inusitado en las tarifas por energía eléctrica.  

Por último, la Junta radicó esta semana ante el tribunal un Plan de Ajuste de Deuda para reestructurar $35,000 en deudas y reclamaciones contra el gobierno, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), el Sistema de Retiro de Empleados y  $50,000 millones en obligaciones de pensiones.

Los términos de recobro específicos son: la reducción de 36% para bonos generales (GO); reducción de 28% para bonos AEP; y 87% de reducción para bonos de sistemas de retiros.

Las reducciones en las pensiones se mantienen en un 8.5% para aquellas que exceden los $1,200 mensuales, eximiendo según la junta a 60% de los afectados. 

Según el comunicado de la Junta del 27 de septiembre, el Plan reduce el repago de la deuda de unos $4,200 millones a $1,500 millones anuales, cantidad que la Junta considera sustentable, aunque el repago para 2020 es de $2,800 millones y la cifra de $4,200 millones se alcanza en el año 2028 solamente, según la gráfica de la Junta. 

Sin embargo, la opinión de la Junta sobre la sostenibilidad contrasta con estudios hechos por economistas como Guzmán y Stiglitz, que criticaron el acuerdo de Cofina, estimando entonces que el máximo sostenible que Puerto Rico podía pagar figura entre $400 a $800 millones anuales. 

Además, según la Junta, el plan propuesto reduce la deuda del territorio en más de un 60% (de $35,000 millones a $17,000 millones), incluyendo bonos y otras reclamaciones, y reduce el servicio de la deuda anual de 30% (antes de Promesa) a poco menos de 9% de ingresos internos del gobierno. 

La Junta alega tener acuerdos para lograr la mayoría de los votos que se necesitan para la aprobación del Plan, debido a la aceptación por el Comité Oficial de Retirados (COR), uno de los pocos grupos que ha litigado contra la Junta, la Coalición de Deuda Constitucional, los Tenedores de Notas y los Servidores Públicos Unidos (SPU/AFSCME). 

La sostenibilidad del Plan depende engran parte de los modelos económicos que la Junta ha utilizado para medir el crecimiento y de factores fuera del control gubernamental: niveles de empleo, fondos federales, cambios demográficos y consumo. 

A su vez, las ayudas federales podrían verse afectadas por la subida del petróleo, la guerra tarifaria con China, el estancamiento de las economías desarrolladas y otra recesión. 

La Junta ha cumplido con todos los requisitos y ahora tiene que informar a todas las partes afectadas y solicitar sus votos. Luego el tribunal tendrá que determinar si el plan propuesto es conforme al Plan Fiscal certificado bajo el título II de Promesa y si es viable y en el mejor interés de los acreedores.

Esto requiere, según la sección 314 de Promesa, comparar el dividendo que reciben los acreedores bajo el plan propuesto con lo que recibirían bajo las leyes, constitución territorial y tribunales locales de no existir Promesa. La misma sección 314 (a) dice que cualquier parte con interés puede objetar la confirmación del Plan.