Zarel Soto Acabá

Punto de vista

Por Zarel Soto Acabá
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El poder presidencial para usar fuerza militar contra conciudadanos

La muerte de George Floyd como consecuencia del uso excesivo de fuerza por parte de un agente de la policía de Mineapolis desató una avalancha de protestas masivas alrededor de Estados Unidos. Miles de personas continúan lanzándose a las calles para reclamar un alto a la violencia policiaca por razones raciales. En respuesta a dicho movimiento el pasado lunes, el presidente Trump emitió un mensaje en el que exhortó a los gobiernos estatales a desplegar el uso de fuerza militar para “dominar las calles” y detener las protestas masivas. Indicó además que “si una ciudad o estado se rehúsa a tomar la acción necesaria para defender la vida y la propiedad de sus residentes, ordenará a las fuerzas militares de los Estados Unidos a resolver el problema de manera rápida”. 

A poco más de 48 horas de emitido el mensaje, el secretario de Defensa Mark Esper rechazó el empleo de tropas militares para contener la ola de protestas en el país en una abierta señal de desacuerdo con el presidente. “La opción del uso de tropas en activo en el papel de garantes de la ley debería ser solo empleado como último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y extremas… No estamos ante una de esas situaciones”, afirmó Esper en una conferencia de prensa desde el Pentágono.

Dejando a un lado el mal sabor que provocó la postura autoritaria del primer mandatario, su mensaje invita al siguiente análisis constitucional: ¿puede el primer ejecutivo de Estados Unidos ordenar el uso de fuerza militar en contra de sus conciudadanos aun sin el aval del Congreso ni de los gobiernos estatales? 

El uso militar doméstico está restringido por los linderos constitucionales sobre la protección de derechos civiles y la soberanía estatal. Aun cuando la sección 2 de la Constitución federal denomina al presidente como comandante en jefe del ejército, la sección 8 del primer artículo faculta al Congreso a convocar la milicia para ejecutar las leyes federales y detener insurrecciones. De igual forma, el Congreso tiene el mandato constitucional de aprobar las leyes que regulen el despliegue militar a los estados. En ese sentido, con la aprobación del Posse Comitatus Act, el Congreso delegó a los gobiernos estatales la autoridad y responsabilidad de mantener el orden dentro de sus fronteras. En general, esa ley prohíbe el uso militar doméstico para la implementación de ley y orden (“domestic law enforcement”) sin autorización del Congreso. 

Sin embargo, como excepción a dicho estatuto, el Insurrection Act, que data de 1807, faculta al presidente a desplegar el uso de fuerza militar dentro de los Estados Unidos para reprimir el desorden civil, la insurrección y la rebelión si los estados lo autorizan. La ley dispone que el presidente puede intervenir cuando las autoridades estatales no pueden garantizar un ambiente de ley y orden a sus residentes. Para activar ese estatuto, el presidente debe hacer un decreto de “insurgencia” y debe haber reticencia de parte de los “insurgentes” a acatar las instrucciones presidenciales. Este estatuto ha sido empleado anteriormente en situaciones provocadas por motivos raciales. 

En 1957, el presidente Dwight D. Eisenhower utilizó el Insurrection Act y convocó al ejército para que escoltara a nueve estudiantes negros a la escuela superior central de Little Rock después de que el gobernador de Arkansas Orval Faubus utilizó la guardia nacional para tratar de evitar que los estudiantes ingresaran a la escuela. El presidente John F. Kennedy invocó el estatuto en 1962 y 1963 para enviar tropas federales a Mississippi y Alabama para hacer cumplir las leyes de derechos civiles cuando el gobernador de Mississippi quiso evitar que estudiantes negros se matricularan en la universidad del estado. En 1967, el presidente Lyndon B. Johnson también activó la ley para desplegar las fuerzas armadas tras los mortales disturbios entre la policía y los ciudadanos e invocó nuevamente la ley en 1968 en respuesta a las protestas provocadas por el asesinato de Martin Luther King Jr. 

La última ocasión en la que se activó el Insurrection Act fue en 1992, para detener los disturbios que provocó la absolución de cargos criminales que pesaban sobre cuatro policías blancos por la golpiza al taxista Rodney King en Los Ángeles. En todos estos casos, con excepción al caso de Arkansas, el Insurrection Act se activó a petición de los gobiernos estatales.

La historia nos obliga a cuestionar si el ejercicio masivo de un derecho constitucionalmente protegido, como lo es la libre expresión, constituye un acto de “insurgencia” suficiente para activar las disposiciones del Insurrection Act. La conciencia, la razón y el espíritu que emana de la letra de la Constitución federal nos lleva a concluir en la negativa. Los derechos constitucionales sirven de freno y contrapeso a cualquier extralimitación gubernamental, incluyendo el uso excesivo de fuerza por parte de la policía. Precisamente el objeto de la Constitución, como contrato social que forjó el sistema republicano de gobierno federal, tiene como propósito delinear los linderos para que ninguna de sus ramas políticas se exceda sobre la otra. En este caso, la facultad del presidente para desplegar el uso de fuerza militar en contra de sus conciudadanos está limitada por ley, la cual conforme su letra, en estos momentos no lo faculta a llevar a cabo tal acción, toda vez que no hay un estado de insurrección per se y ningún estado ha solicitado asistencia federal para aplicarla. 

El propósito de las protestas no es derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Tampoco es una coincidencia. Es el estallido de más de 400 años de opresión racial, que aun cuando no justifica un resorte de violencia, como mínimo, merece un ánimo colectivo de reflexión para detener la desigualdad racial que arropa a la sociedad.

Al juramentar en sus cargos, los funcionarios públicos vienen llamados a hacer valer las protecciones constitucionales de sus conciudadanos, no a coartarlas. La formulación de política pública prevaleciente no puede ser un talismán de segregación, ni mucho menos el retroceso de años de lucha por la equidad racial donde ríos de sangre fueron derramados para promover la igualdad y garantizar derechos básicos como la educación y la vida. 

El entramado constitucional y estatutario que nos invita a analizar el mensaje presidencial del pasado lunes trasciende el plano jurídico para adentrarnos en uno psico-social. Es momento de unión, no de segregación. Corresponde a los líderes emplear soluciones pragmáticas que respondan a los cambios sociales que enfrentamos y a los padres y madres de familia inculcar principios de respeto y equidad en sus respectivos núcleos familiares. 


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