

Una mirada retrospectiva a los primeros intentos de los Estados Unidos por tratar de legitimar su relación con los territorios recién adquiridos tras la Guerra Hispano-Americana resulta cruel tanto en su fundamentación jurídica como sociológica. Con relación a Puerto Rico, en el tiempo, la relación ha sido alterada y revisada unilateralmente por medio de cambios impuestos por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales sin ninguna participación seria del pueblo de Puerto Rico o sus representantes. Del lado legislativo, la promulgación de cinco leyes del Congreso en el transcurso de más de un siglo ha servido como la base legal para justificar el imperialismo dentro del estado de derecho de los Estados Unidos.
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