

La pandemia del coronavirus definitivamente nos ha impuesto unas nuevas formas de relacionarnos, de trabajar, de estudiar; en síntesis de vivir o tratar de sobrevivir. Sin embargo no le podemos atribuir al COVID-19 la manera despiadada que el gobierno y la empresa privada en Puerto Rico y el mundo atentan día a día contra las personas de mayor edad, que dependiendo los parámetros burocráticos, son los de 60, 70 o más años; y contra personas con discapacidades físicas y/o simplemente desventajados económicamente. Cada vez es mayor el requerimiento de saber usar las computadoras y el acceso a la internet para obtener servicios básicos.
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