Luego de 18 meses del paso por Puerto Rico del huracán María, el debate en torno a las burocracias y las demoras en el comienzo de los proyectos de reconstrucción permanente persiste. Los esfuerzos continúan plasmados en planes, estudios, recomendaciones y foros, mientras la ejecución no comienza. Sin embargo, es importante aclarar que las demás jurisdicciones que sufrieron por los desastres naturales recientes se encuentran en la misma posición.

Una diferencia fundamental con otras jurisdicciones es que Puerto Rico se ha convertido en un balón político en Washington D.C. Como ha quedado evidenciado en noticias recientes, la nueva batalla entre la Casa Blanca y el Congreso se centra en la discusión de asignaciones adicionales. Ahora el nuevo rehén ha sido, una ayuda adicional a los planes de asistencia nutricional de $600 millones por los desastres del 2017.

El presidente Donald Trump ha señalado el envío $91,000 millones para la reconstrucción de la isla y agrega que nadie ha hecho más por los residentes de Puerto Rico. Existe una diferencia entre apropiar fondos federales, asignarlos y obligarlos. Y para complicarnos más la existencia, otra cosa son los desembolsos. Los fondos obligados son los que están listos para ser reembolsados. Esta cantidad, según el portal de transparencia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia es de aproximadamente $8,500 millones, o menos del 10 por ciento asignado. Los desembolsados son aproximadamente $5,300 millones correspondiendo en gran medida al programa de Tu Hogar Renace y las reparaciones al sistema de energía eléctrica. Para construcción permanente, se han obligado $63 millones. Estas cantidades representan un porciento pequeño de lo que hay que ejecutar.

La magnitud del desastre es tal que hay decenas de miles de lugares con daños por ser evaluados y su costo de reparación estimado. Una solución propuesta por algunos alcaldes para trabajar con el problema de la lentitud del proceso de estimados de costos es que se permita que ingenieros licenciados aquí certifiquen estimados de costos y que sean aceptados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). La Ley Federal es clara cuando permite que ingenieros licenciados puedan certificar estimados de costo y ser validados. Lo único que hay que hacer es cumplir con la Ley. Obligar los fondos urge. Luego de más de un año de estar solicitándose, comenzar la mitigación no puede esperar más.

A estas alturas, muchas personas han recurrido a la autogestión para reconstruir sus viviendas. Esta construcción se está haciendo con los recursos que las personas tienen e implantando las técnicas que conocen. Las personas terminan resolviendo su problema por la vía informal. Esta situación causará que nuestras comunidades más vulnerables no puedan acceder los recursos necesarios para hacer las reparaciones o reconstruir en cumplimiento con los reglamentos. Esto ha ocurrido antes. Es hora de romper el ciclo vicioso.

Tenemos un reto monumental. Ha llegado la hora de exigir un cambio de rumbo en la burocracia excesiva. Es necesario que se busque la manera de optimizar y uniformar procesos cumpliendo con los requisitos de transparencia para lograr vivienda e infraestructura resilientes y seguras. Hay que revertir finalmente los errores del pasado. Manos a la obra

El autor es presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico.