

El ejercicio democrático de primarias que acaba de finalizar ha dado muestras de nuestra resiliencia también en materia de derecho electoral. La debacle inicial no fue nuestra, sino de aquellos que teniendo la responsabilidad legal de viabilizar la voluntad de miles de electores se lo tomaron a la ligera, como si se tratara de elecciones de las directivas de las clases graduandas del país. De no haber sido por la pronta y contundente intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico todavía estaríamos en medio de aquel tiroteo de culpas. Sin embargo, por segunda vez en doce meses, nuestro más alto foro judicial ha venido al rescate de la institucionalidad con una solución unánime, juiciosa y aceptable para todos.
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