En los pasados días, colegas economistas manifestaron, en una entrevista publicada en este diario, que estamos terminando un cuatrienio perdido. Yo, respetuosamente, difiero. Ya sea porque se construyó sobre plataformas levantadas por la administración del gobernador Alejandro García Padilla o porque se llevaron a cabo iniciativas nuevas, podemos constatar avances en materia económica durante este cuatrienio.

García Padilla indicó en el verano de 2015 que la deuda del gobierno de Puerto Rico era impagable. En aquel momento fue un planteamiento controvertible. Hoy hay consenso de que la deuda, según contraída, es impagable y se han llegado a acuerdos de reestructuración con los acreedores de Cofina, Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Falta la deuda del gobierno central y las pensiones.

Durante la Administración García Padilla, los senadores Eduardo Bhatia y Larry Seilhammer trabajaron de forma bipartita para establecer una comisión que reglamentara la industria de la energía en Puerto Rico. Hoy día existe consenso en cuanto a la importancia de una reglamentación apropiada. Además, en una iniciativa nueva, se procedió a la concesión de la administración de transmisión y distribución de electricidad de la Autoridad de Energía Eléctrica a un consorcio privado, LUMA. Falta la privatización de las plantas generatrices.

El Departamento de Hacienda se ha fortalecido como institución gracias a que la plataforma informática de SURI, establecida bajo la Administración García Padilla, se ha robustecido. Dicha plataforma ya tiene los elementos básicos para en un futuro implantar un Impuesto al Valor Agregado en Puerto Rico.

La Ley 3 de 2017 significó el primer gran paso de avance en flexibilizar las obsoletas leyes laborales en Puerto Rico que, en teoría, protegen al trabajador y que en la práctica le privan de empleo y lo fuerzan a mudarse de la isla. También se restableció un crédito al trabajo, donde los trabajadores de bajo ingreso, en vez de ellos pagar impuestos a Hacienda, se les paga a ellos para incentivarlos a participar en la economía formal. No se pudo eliminar la Ley 80 sobre supuesto despido injustificado y tampoco se han tomado medidas que aten los programas de beneficencia social con trabajar.

Se protegieron de ataques legales y se permitió crecer a los negocios del “share economy”. Así pues, el turismo se recuperó rápido luego del huracán María gracias a aplicaciones como Airbnb y a pesar de que muchos hoteles permanecían cerrados.

Se consiguió un consenso en el sector privado de que el estatuto de cabotaje marítimo, la Ley Jones, es mala para el país. Además, se obtuvo una exención temporera a las leyes de cabotaje aéreo. El transporte público terrestre mejoró gracias a aplicaciones del “share economy” como Uber.

Sin embargo, en el área de transporte hay mucho por hacer. No se consiguió una exención de la Ley Jones para importar gas natural en buques extranjeros y poderle comprar el gas a los Estados Unidos en vez de Trinidad & Tobago. Tampoco se aprobaron medidas que hicieran más fácil la transportación de carga terrestre reglamentada por la Comisión de Servicio Público.

Los esfuerzos de este cuatrienio se vieron retrasados debido al huracán María, la inestabilidad política, los terremotos y el COVID-19. Esperamos que el próximo cuatrienio traiga avances, ya sea porque se construye sobre lo realizado en este cuatrienio o porque se llevan a cabo nuevas iniciativas.

Personalmente, yo insisto en enfocarme en lo positivo y ver el vaso medio lleno.