El Colegio de Notarios de Puerto Rico envió a la Asamblea Legislativa y a la honorable gobernadora Wanda Vázquez Garced sus propuestas de enmiendas a la Resolución Conjunta 489 que establece un proceso uniforme de moratorias y modificaciones de préstamos bancarios. El Colegio respalda la intención legislativa que busca establecer un proceso rápido y sencillo para que ciudadanos afectados puedan beneficiarse durante la situación de emergencia. Nuestra institución no fue consultada sobre la misma, pese a que incide directamente en la función notarial.    

El Colegio recomienda revisar varias secciones de la resolución conjunta que se entienden pueden ser contrarias a la Ley Inmobiliaria y el Código Civil vigentes. Se permite que un funcionario bancario redacte y suscriba un documento privado, sin la comparecencia de todas las partes concernidas, para modificar términos y condiciones de la escritura de hipoteca en el Registro de la Propiedad. Solo se requiere el consentimiento de un solo deudor, aun cuando existan otros codueños, coherederos, menores de edad o incapaces. En el caso de los menores e incapaces, incluso se obvia el requisito de autorización judicial previa. La resolución elimina totalmente la intervención del notario y equipara los documentos firmados por un funcionario bancario a los instrumentos notariales, a efectos de su eficacia en ley.  Por primera vez en nuestra historia reciente se estaría dando entrada al Registro de la Propiedad a documentos bancarios sin la intervención de un notario, ni del Poder Judicial, en los casos aplicables. La intención de la resolución al establecer un proceso “simple” tiene el efecto de provocar posibles controversias legales futuras. Si se quiere realmente proteger al deudor, se debe procurar que las transacciones cumplan con las leyes vigentes.  

Proponemos que el documento que se prepare durante el periodo de emergencia sea un documento provisional y en su momento, una vez se levanten las restricciones impuestas por el aislamiento social decretado, los acuerdos se ratifiquen por instrumento público ante notario. La ratificación posterior subsana cualquier posible vicio inicial del documento privado. Con ello evitamos que documentos sin garantías de legalidad tengan entrada al Registro de la Propiedad. Recordemos que, a diferencia de un funcionario bancario, el notario tiene un deber de total imparcialidad, no representa intereses de ninguna de las partes y ejerce una función pública delegada por el Estado. Los documentos notariales autorizados relacionados a la emergencia del COVID-19 serían libres del pago de sellos o derechos arancelarios y se recomienda que no se le cobren honorarios al ciudadano. La intervención notarial de ninguna manera entorpece u obstaculiza el proceso para conceder moratorias o modificaciones de hipoteca. 

El notario tiene un rol importante en la sociedad y no debe ser obviado en estos momentos. Los cambios sugeridos buscan un balance entre la necesidad urgente de los deudores en tiempo de emergencia y conformar las transacciones al estado de derecho vigente que garantiza la intervención notarial.

El Colegio de Notarios de Puerto Rico está disponible para orientarte en el 787-758-2773 y al siguiente correo electrónico [email protected]