Hay que arrebatarles a los partidos el control de los procesos eleccionarios
Las deshonrosas salidas de los alcaldes de Cataño y Guaynabo han levantado nuevamente cuestionamientos acerca del mecanismo mediante el cual en Puerto Rico se sustituyen funcionarios electos al surgir una vacante. La legislación vigente le confiere al partido en el que militaba la persona renunciante control absoluto sobre el proceso, por lo cual se dice que el cargo le “pertenece” a una colectividad. Tanto quienes apoyan el estado de derecho actual como algunos que quisieran verlo cambiar aducen a interpretaciones constitucionales en apoyo a su posición. Sin embargo, lejos de ser un asunto jurídico, acabar con este “derecho propietario” es un asunto de voluntad política.
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