Hay certeza jurídica con la decisión unánime del interprete en última instancia de la Constitución. Lo que fueron incapaces de lograr las ramas políticas, es decir la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva, lo pudo lograr la Rama Judicial a través del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los fundamentos jurídicos del decreto de inconstitucionalidad del precepto impugnado de la Ley 7 de 1952, esbozadas en la opinión del juez Rafael Martínez Torres, fueron apoyados por todos los integrantes del Tribunal. No hubo ni siquiera opiniones concurrentes. Fueron votos de conformidad lo cual significa que respaldan cada una de las expresiones contenidas en la opinión. Este magistrado, como nos tiene acostumbrados, es conciso y al grano en su exposición, sin sacrificar claridad ni profundidad. Sigue una lógica jurídica sencilla donde resalta su contundencia al interpretar, sin torceduras, el derecho aplicable. Su metodología fue la adecuada frente a la controversia.