La justicia reproductiva implica el reconocimiento de los derechos a la salud sexual y reproductiva; la toma de decisiones de las personas sobre sus cuerpos, su salud, su sexualidad, en todas las áreas de sus vidas de manera digna y con plena autonomía. El Estado que se defina como democrático no debe restringir derechos alcanzados en esta área conseguidos a través de años de luchas. Cuando el Estado pretende restringir estos derechos, parte de premisas incorrectas como si las mujeres y las personas gestantes no fueran capaces de tomar sus decisiones más íntimas de manera ética y responsable. Esto refleja una visión patriarcal en la que se pretende controlar solo a las personas con útero como reproductoras de la especie humana, con la desgastada excusa de “proteger el potencial de vida humana” sobre la vida y la salud de las mujeres.