El nombramiento de Elí Díaz Atienza como representante de la gobernadora Wanda Vázquez ante la Junta de Supervisión Fiscal es un paso importante hacia la normalización de la política económica, pero todavía no está definida con claridad la posición del nuevo gobierno sobre las controversias entre la Junta y la administración recién pasada del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En los pasados dos años y medio, la relación entre la Junta y el gobierno, incluyendo a la Legislatura, estuvo marcada por frecuentes confrontaciones, y dejó una herencia de conflictos no resueltos que la nueva gobernadora tiene que atender. Es de esperar que lo haga pronto, dado que ya tiene un representante oficial en la Junta que de seguro tendrá que asumir posiciones en los próximos días.

El problema que tiene la gobernadora ante sí es que algunos de los conflictos con la Junta tienen resonancias políticas y es muy probable que se conviertan en temas de la próxima campaña electoral. Este es el caso, sin duda, de las pensiones, que Rosselló Nevares insistía en mantener inalteradas y que toca un nervio muy sensible en la sociedad puertorriqueña.

El pago del bono de Navidad a los empleados públicos es un tema mucho menos importante que el de las pensiones, y no debería haberse convertido en algo tan problemático en las relaciones entre el gobierno y la Junta, pero también puede llegar a tener un gran peso en la campaña electoral. La Junta no le quiso dejar el espacio fiscal y político al exgobernador para pagar el bono de Navidad, y no es de esperar que se lo conceda a la nueva gobernadora.

Está por verse si un gobierno de transición, encabezado por una profesional que no parece tener aspiraciones políticas, estaría más dispuesto a ceder en estos temas que un político—o política—de carrera. Pero no es de esperar que la gobernadora sea indiferente a las necesidades de su partido, aunque no tenga ambiciones políticas personales.

La gobernadora tiene también que definir una estrategia para impedir la asfixia fiscal de los municipios si la Junta prevalece en la corte de la jueza Laura Taylor Swain y logra la derogación de la Ley 29. Los alcaldes son los oficiales de campo en las contiendas electorales, y no se les puede dejar sin los medios para proveer servicios básicos a sus compueblanos. Si colapsa la Ley 29, hay que encontrar salidas que se puedan sostener frente a la Junta, lo cual puede ser una nueva causa de conflictos.

Otro asunto crítico es completar la renegociación de la deuda gubernamental, especialmente la de bonos de obligación general del gobierno central. A diferencia de lo ocurrido con Cofina y la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, la Junta ha sido más agresiva con los tenedores de bonos de obligación general, hasta el punto de pedir la anulación de una parte sustancial de esa deuda. El nuevo gobierno llega a este proceso cuando ya está maduro, y es poco probable que tenga una influencia importante en el mismo.

Por último, hay que preguntarse hasta qué punto un gobierno de transición puede comprometer a gobiernos futuros con decisiones críticas de política económica, especialmente cuando tiene poco más de un año para su gestión. Hasta ahora, la nueva gobernadora no parece haber intervenido en el caso pendiente ante el tribunal supremo de Estados Unidos sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta, pero este podría ser el tema más importante para una próxima administración.

En fin, Díaz Atienza tiene que llegar a la Junta con una agenda, que no es suya, sino de la gobernadora. No la conocemos aún, pero es imperativo que se defina y se desvele en los próximos días.