Eduardo Villanueva
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La calidad judicial se mide por la vocación de servicio

Es responsabilidad de la judicatura propiciar un sistema de justicia que provea acceso inmediato y económico para atender los reclamos de la ciudadanía. Que sea sensible a la realidad particular de los distintos componentes de nuestra sociedad, y que informe a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades, así como a todos los aspectos del proceso judicial. Así lo establece la Ley de la Judicatura.

La población de Puerto Rico ostenta el doble del índice de pobreza de cualquier estado de los Estados Unidos, con un 44.9 %, reveló el economista de la Universidad de Puerto Rico, Francisco Martínez. Según indicó, el ingreso promedio anual de un hogar en la isla es de 19.775 dólares, mientras que el de Misisipi es de 42.009.

Mientras, “tenemos cientos de escuelas menos y por lo que, en las que quedan, las maestras y maestros tienen que comprar sus materiales. Es la razón, además, por la cual el salario de un docente al empezar es de un raquítico $1,750 al mes”, destacó el periodista Benjamín Torres Gotay en su columna del 22 de septiembre. En el texto publicado en este diario, agregó que en el país hace años que racionan los indispensables servicios a los estudiantes de educación especial.

En cuanto a la ocupación con el salario promedio más alto, los obstetras y ginecólogos ocupan la primera posición con $65.15 la hora, de acuerdo con el Departamento del Trabajo. Según la agencia, le siguen los ejecutivos en jefe, con $55.40; gerentes de producción industrial, con $53.46; controladores de tráfico aéreo, con $48.56; directores de arquitectura e ingeniería, con $47.12; veterinarios, con $43.95; médicos generales y de familia, con $43.82; jueces y magistrados, con $43.56; gerentes de compensaciones y beneficios, $43.25 y farmacéuticos, con $43.01 por hora.

Los maestros, policías, enfermeros y enfermeras, abogados de Servicios legales y de Asistencia Legal, así como los médicos en el servicio público, hace más de una década que no ven un aumento de salario. La situación ha provocado un éxodo masivo de esos profesionales hacia Estados Unidos. Ninguno de esos grupos gana más de $50,000 anuales, lo cual es menos que lo que gana un juez municipal en nuestro país, que devenga $69,600.

No pongo en duda la expresión de la jueza presidenta sobre cuán sensible es la Rama Judicial a la necesidad de las demás profesiones. Lo que es debatible es la expresión de los jueces que defienden el argumento de que un salario alto garantiza la calidad de justicia que imparte un juez en las distintas etapas del proceso judicial.

“Si quieres el mejor juez, págale bien”. No puedo aceptar que esa premisa sea correcta. Se supone que la calidad del servicio de los jueces se mide por su vocación de servicio, por su temperamento judicial, por su laboriosidad, por su sensibilidad y por su estudio constante.

Al igual que en las demás profesiones, se supone que los que ejercen su oficio con vocación, lo hacen con la excelencia que le urge su vocación y su compromiso con el pueblo, no necesariamente con la medida de cuanto le pagan.

Habrá mejores jueces cuando se despolitice el proceso de selección y nombramiento de jueces. Cuando se reactive la idea de la Escuela Judicial. Cuando se tome en cuenta las sugerencias a nominación que hagan las facultades de Derecho, el Colegio de Abogados y Abogadas y también la propia judicatura.

Cientos de abogados y abogadas talentosos esperan que se les dé la oportunidad de ser jueces, por vocación, sin que se les juzgue por ser “penepé light o popular light”. Esa discusión y análisis tiene que darse mucho antes de que se suba el salario actual en la judicatura.


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