Antonio Quiñones Calderón
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La candidatura es la igualdad

El próximo martes, 10 de diciembre, habrán transcurrido 121 años de la firma del Tratado de París entre España y Estados Unidos, resultado del cual Puerto Rico se convirtió, como botín de guerra, en “propiedad” del gobierno estadounidense. Con la ratificación del Tratado por el Congreso federal, el 6 de febrero siguiente –en votación 57-27, apenas un voto más de los necesarios para la validación; evidencia suprema del valor del voto–, se convirtió formalmente el pueblo de Puerto Rico en una posesión de Estados Unidos. Más de un siglo después, seguimos poseídos por otros. Esa condición, de tan prosaica característica, en lugar de indignar, es evidente, satisface a algunos, pocos, pero con alguna influencia para al menos dilatar la abolición de la esclavitud política prevaleciente.

Para remachar el insulto colonial, cuentan los amantes (o despreocupados, si se quiere) del régimen colonial, con la perversa indiferencia de un Congreso que se escandaliza con gobiernos dictatoriales que reniegan de la democracia inclusive en países a distancias insalvables, pero permite –a veces hasta alienta– la negación en su propio patio de los más básicos principios de toda democracia, como es la franquicia electoral completa, la representatividad en el Congreso que hace las leyes que afectan a sus ciudadanos y el voto por el presidente que las firma y pone en vigor.

El Tratado de París, que concluyó con el imperio español, fue a la vez el arranque del poder colonial de Estados Unidos, en el caso de Puerto Rico rubricado en su Artículo IX, que tácitamente decretó que: “Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”. Así ha prevalecido desde entonces, tanto bajo la ley Foraker (1900) y la Jones (1917, convertida en 1952 en la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico), consecuencia de una asombrosa pasividad colonial que nos mantiene en ejemplo de vergüenza como la colonia más antigua y más poblada del mundo.

Si bien hay una fuerte dosis de responsabilidad por parte del Congreso para la afirmación del estado colonial que nos merma como pueblo, la mayor responsabilidad (o irresponsabilidad) recae en el liderato político del territorio – unos por su confabulación inexplicable con la condición colonial, otros por la desarticulación con la que, en diferentes períodos, evidencian en las estrategias para sustituir el vasallaje colonial con la igualdad política para más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses residentes en el territorio de Puerto Rico.

Da vergüenza ajena escuchar a algunos líderes populares condenar, con razón, “el insulto a la dignidad y los valores democráticos de nuestro pueblo” que representa la imposición de la Junta de Control Fiscal, pero permanecen en sumiso silencio ante un insulto peor, como es el flagelo colonial prevaleciente desde 1898, sucesor, de paso, del de 1493.

Cara a la elección general de noviembre de 2020, no hay candidatura mejor a votar que la de la igualdad política para los puertorriqueños ciudadanos estadounidenses. Sólo hay que buscar dónde esté ella representada, y por quién.



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