

Al igual que ocurrió con el PNP en el cuatrienio 2017-2020, la legislatura actual de Puerto Rico ha aprobado al menos dos medidas que dan la impresión de que hay una intención de confrontar a la Junta de Control Fiscal (JCF): la desaprobación del desembolso de 750 millones para el comienzo de operaciones de LUMA y la aprobación de la Ley de retiro digno. ¿Estas acciones por parte del legislativo tienen repercusiones políticas reales? Varios sucesos históricos nos dan una idea de cuáles pueden ser los efectos de promover la confrontación legislativa con el gobierno de Estados Unidos (EUA).
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