A comienzos de diciembre de 2022, el presidente peruano, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso de Perú, por lo que fue luego destituido por el cuerpo legislativo. Esto ha desatado una crisis política en el país sudamericano.

Perú ha sido “ingobernable” en los pasados años debido a una serie de crisis constitucionales en la cuales sus mandatarios han sido destituidos. Esta inestabilidad es un legado del expresidente neoliberal Alberto Fujimori.

Fujimori, elegido presidente (1990), pero luego convertido en dictador neoliberal, cometió genocidio, por ejemplo, realizando una campaña de esterilización masiva de mujeres indígenas. Reestructuró radicalmente el sistema político y económico peruano, dificultando cualquier posibilidad de reformas posteriores y perpetuando sus políticas neoliberales. Ello implicó un plan masivo de privatizaciones y desregulación financiera que ha empobrecido al país en los pasados treinta años, así como concentrado la riqueza oligárquica.

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La raíz del conflicto radica en la constitución de Fujimori (1993), en particular, en el Artículo 113, que dice que el presidente de la república puede ser removido de su cargo por varias razones, incluyendo “incapacidad moral”. De modo que el Congreso puede derrocar al presidente en cualquier momento votando a favor de este artículo. Este es tan ambiguo que ha sido utilizado para derrocar a diferentes ejecutivos.

Este fue el caso del presidente de derechas, Pablo Kuczynski, el cual fue amenazado de ser destituido por los hijos de Fujimori, quienes ocupaban puestos en el Congreso. Lo presionaron para implementar un indulto ejecutivo a su padre, el cual estaba preso por graves violaciones de derechos humanos durante su dictadura. Kuczynski accedió, y, por ende, evitó un voto sobre su destitución con el bloque Fujimori.

El año siguiente, ese mismo presidente dimitió porque salió un vídeo que mostraba al bloque Fujimori sobornando a otros congresistas para que votaran no sobre esa moción. Es por este, y otros sobornos, que, Kenji Fujimori, uno de los hijos del exdictador, se encuentra cumpliendo una condena penal.

El próximo presidente, Martín Vizcarra, fue destituido como “moralmente incapaz” por el Congreso. Vizcarra supuestamente estaba investigando corrupción, por lo que el Congreso decidió de nuevo, en dos ocasiones diferentes, utilizar el voto de “incapacidad moral” en su contra, ya que no tienen límites a utilizar esta opción.

Podemos resumir cada elección peruana en la era pos-Fujimori hasta 2021 como elecciones entre un neoliberal de derecha versus un neoliberal de derecha pro-Fujimori. Por ende, no se dio ninguna diferencia significativa en el establishment político peruano, hasta la llegada de Castillo.

Castillo es considerado el primer izquierdista en ganar las elecciones, derrotando levemente a la hija del exdictador, Keiko Fujimori. No es de sorprender que, en comparación con los presidentes conservadores anteriores, el Congreso peruano intentase impedir que Castillo implementase sus reformas.

Entre ellas, Castillo proponía reemplazar la constitución del país y suplantar el statu quo neoliberal a través de nacionalizaciones de recursos naturales e inversión en educación, salud y programas sociales, esencialmente una reversión de las políticas impuestas a Perú desde los noventa.

No importa cuánto Castillo intentó reemplazar sus ministros y moderar su discurso, el Congreso y las élites peruanas jamás le permitirían gobernar, siendo cuestión de tiempo que se implementase la constitución fujimorista para subvertir la democracia.

Hoy tenemos manifestaciones masivas en contra de su destitución y un llamado a implementar las reformas de Castillo.

La pregunta es ¿cómo reformar un sistema político que ha sido estructurado de una manera para que sea irreformable?

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