El asunto de la destitución de la licenciada Dennise Longo Quiñones como secretaria de Justicia está salpicado por todos lados de implicaciones político-partidistas, por lo que es muy difícil aproximarse al tema sin tropezar. Si se tratara de una cuestión puramente jurídica, el asunto sería mucho más sencillo. Por eso me limito a lo sencillo.

Primero, ni la ley ni la Constitución exigían que la gobernadora explicara públicamente las razones para remover de su cargo a una funcionaria de confianza. La confianza se tiene o no se tiene, y eso basta. Pero, en un país como el nuestro en que nada es verdad ni es mentira, destituir a la secretaria de Justicia para inmediatamente después escuchar el runruneo de que el despido obedeció a un desquite de la gobernadora por haber sido referida para investigación criminal a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, presentaba serias complicaciones de imagen para ella. Creo que fue muy acertado de su parte decirle al país las razones de esa pérdida de confianza, aunque no estuviera obligada a hacerlo.

Segundo, la ley del FEI establece que al recibir información sobre conducta delictiva de funcionarios cubiertos por esa ley que requiera ser investigada preliminarmente, la secretaria de Justicia tendrá quince días para determinar si procede realizar una investigación preliminar y notificarle al panel ese hecho. Si decide hacerlo, la ley le concede noventa días para ello (a menos que pida prórroga de hasta otros noventa días). Expirado ese plazo sin que la hubiese terminado, el Departamento de Justicia pierde su jurisdicción, y esta pasa entonces al FEI.

Este periódico informa que la exsecretaria Longo Quiñones declaró que desde enero pasado el Departamento de Justicia había comenzado la investigación sobre el asunto de los almacenes de ADSEF en Ponce, pero que fue el 11 de marzo que le notificó sobre ella al Panel del FEI, según dispuesto por ley. La exsecretaria aduce que se estuvo investigando por tres meses y que en junio los fiscales le presentaron ese informe a ella. Es evidente que no existía un informe final para el viernes de la destitución. Esto permitiría especular que las seis horas que la exsecretaria Longo Quiñones tardó en someter su renuncia, las invirtió en darle los toques finales y asegurarse de que dejaba firmado el informe de referido al FEI, con el propósito de que ningún secretario/a posterior se atreviese o, al menos, se le hiciera difícil variar la recomendación de nombrarle un FEI a la gobernadora.

Pero el viernes por la noche la oficina del panel del FEI estaba cerrada, lo mismo que el sábado y domingo. Es obvio, pues, que Longo Quiñones dejó instrucciones para que el lunes por la mañana, cuando ya no sería secretaria, alguien radicara el informe ante el panel del FEI, sin darle a la nueva secretaria la oportunidad, como nueva jefa del Departamento, de siquiera examinarlo y opinar sobre los méritos de los supuestos seis referidos. El lunes siguiente a la renuncia, la secretaria de Justicia era Wandymar Burgos Vargas, no Denisse Longo Quiñones. La responsabilidad de tramitar el informe pasó a manos de la nueva secretaria, y, nos guste o no, era a ella a quien la ley delegaba la prerrogativa de aprobar, enmendar e incluso rechazar el informe dejado por la dimitente. Mientras no fuera presentado y “ponchado” en la secretaría del FEI, el informe seguía legalmente en manos del Departamento de Justicia.

Aun así, los que quedaron no tuvieron la deferencia de aguardar a que la nueva y verdadera secretaria del Departamento pudiera ver un documento que era a ella a quien la ley le encarga su trámite. Por eso no me ha sorprendido que esta pidiera ver el documento antes de que fuera presentado en la Oficina del Panel del FEI. Realmente se me hace difícil entender la prisa que había por circunvalar (“bypass”) a la nueva secretaria.