El Informe del Gasto Tributario (IGT) publicado por el Departamento de Hacienda es el mejor indicador del grave problema de erosión que tiene la base contributiva del país. Según el IGT, se estimó en más de $20 mil millones el gasto tributario, lo que representa casi una tercera parte (29%) del PNB de Puerto Rico. Por gasto tributario nos referimos al conjunto de exenciones, deducciones, créditos y tratos preferenciales que el gobierno concede a individuos, empresas y entidades sin fines de lucro. 

En teoría, la capacidad de recaudar impuestos depende de la amplitud que tenga la base contributiva. La base contributiva podría ser el ingreso, el consumo o el capital. Los impuestos se imponen sobre la base contributiva determinada. Es decir, que en la medida que se concedan pocas exenciones o tratos contributivos especiales, la base del impuesto permanecerá amplia y se podrían recaudar más ingresos fiscales. Por el contrario, si el gobierno concede muchas exenciones, la base se reduce, se pierde la capacidad de recaudación y por ende se erosiona la misma.

En el caso de Puerto Rico el problema de la erosión de la base contributiva ha prevalecido desde que se montó nuestro sistema tributario en las décadas del cuarenta del siglo pasado.  El mismo fue señalado por economistas y expertos como Santiago QEPD (1971), Andic y Cao (1994) y Alm (2006). 

Una de las discusiones más intensas sobre este tema las llevaron a cabo Teodoro Moscoso (QEPD), exdirector de Fomento, y Sol Luis Descartes (QEPD), exsecretario de Hacienda en los años cincuenta. Argumentaba Moscoso que el gobierno tenía que concederle una exención contributiva a las empresas manufactureras extranjeras de forma permanente como incentivo para atraerlas a la Isla y asegurar que no se fueran a otro destino. En cambio, Descartes creía que se debería dar exención pero en un periodo corto de tiempo, de tal forma que no se perdieran tantos ingresos fiscales. 

A final del camino la teoría de Moscoso prevaleció, no solo en la manufactura sino en otros sectores económicos. A pesar de que reconocemos que la exención a la manufactura permitió la importación de capital, la industrialización, la creación de empleos y el crecimiento económico que alcanzamos, también hay que reconocer que todo esto resultó ser a un costo fiscal muy alto para un país pobre. El gobierno dejó de recibir muchos ingresos necesarios para proveer bienes públicos. No obstante, el problema no solo fue este, sino también la falta de voluntad que tuvieron nuestros gobiernos de turno para medir el costo de los tratamientos fiscales tanto a la manufactura como a todos los sectores beneficiados. 

Es aquí que el estudio realizado por los economistas de Hacienda, iniciativa del exsecretario Juan Zaragoza junto con el Tesoro de Estados Unidos y la presente administración, resulta ser una herramienta muy robusta para comenzar a atender el problema de erosión que tiene la base contributiva. Claro, como indiqué en una de mis columnas anteriores sobre el Código de Incentivos, el próximo paso debe ser una evaluación de costos y beneficios de todos los tratamientos preferenciales. Solo así podremos determinar cuáles exenciones será necesario mantener y otras que deben limitarse o ser eliminadas. Así se podrían identificar las fuentes potenciales de ingresos que ayudarían a reducir el déficit estructural que tenemos. Mi consejo es que hagamos este proceso, pero ¡cuidado que no vayamos a matar la gallina que pone los huevos de oro!