Durante los pasados ocho años la función investigativa en la Asamblea Legislativa en términos prácticos ha desaparecido. Ello ha provocado la virtual defunción de la función fiscalizadora de decenas de las comisiones legislativas de la Cámara de Representantes y del Senado, añadiendo mucho más desequilibrio al sistema de frenos y contrapesos entre las ramas de gobierno. Sumado a otros factores la resultante ha sido que se está incentivando la impunidad administrativa y la degradación de la gobernanza. De ahí, el desfile triunfalista del saqueo.

El poder investigativo del legislativo --que se ha ejercido históricamente de manera deficiente-- sobre ejecutorias, gastos, procedimientos, desempeño, organización gubernativa y horizonte social es uno formidable. Quizás también es la facultad más desconocida por la mayoría de los legisladores y el Pueblo. Ese poder investigativo posee herramientas que pudiendo ser muy eficaces apenas se utilizan, junto a una fuerza que, si no se ejerce, nunca se conoce, ni se desarrolla adecuadamente.

Muchos de los constantes tropiezos de la Administración, tan enojosos, vergonzosos y también costosos, pudieran prevenirse, si la Asamblea Legislativa y cada Comisión en lugar de funciones decorativas o las más de las veces politiqueras, asumiese y ejercitase las facultades que tiene y el arsenal investigativo que posee. 

De hecho, cada Comisión --decenas en Cámara y Senado-- tiene el deber reglamentario no solo de atender las medidas legislativas que se le refieren, sino la de vigilar el funcionamiento de todas las agencias, su operación, la legislación y la reglamentación dentro del ámbito temático de sus competencias. Más aún, cada cámara o ambas, cuando la situación lo requiere, pueden crear comisiones especiales mediante la aprobación de resoluciones. Todavía más, cuando la Asamblea Legislativa no está en sesión los presidentes legislativos tienen la facultad de ordenar a cualquier comisión para que las inicie, actuación que se refrenda posteriormente mediante resolución aprobada cuando vuelven a sesionar los cuerpos. 

Cuando una materia trata de las competencias específicamente delegadas a la Asamblea Legislativa, cada Cámara puede autoconvocarse aun cuando no esté en sesión.

Existen además los mecanismos de comisión total y los de interpelación que complementan el arsenal de esa función investigativa de estudio y consideración de la realidad que se pretende ordenar mediante el ancho marco de la legislación.

Durante el cuatrienio pasado, sin embargo, se le asestó --sin estar enteramente conscientes de ello-- una herida profunda a la actividad, incluida la investigativa e indagatoria de las comisiones legislativas. Ello ocurrió en medio del falso debate sobre el gasto legislativo que habría de reducirse suspendiendo el pago de las dietas. Debido a la fragmentación del poder investigativo en tantas comisiones, al menos equivalente al número de miembros que tiene la mayoría parlamentaria en Cámara y Senado --pues las dos presidencias camerales se negocian en trapicheos de asignación de comisiones y presupuestos de oficinas-- muchos presidentes de comisión que viven lejos de San Juan redujeron el número de días de vistas públicas en el Capitolio.

Comisiones legislativas que se reunían regularmente varias veces en semana y hasta diariamente, sufrieron además la reducción de días de vistas y una terrible compactación de calendarios. Se convirtió en norma operativa lo que antes fue excepción: considerar muchas medidas apretadamente en un mismo día de vistas, junto a una reducción de turnos y de su extensión.

Menos gente y menos organizaciones pudieron acceder a vistas públicas, quizás el único foro gubernativo con acceso relativo y difusión amplia. Para colmo, tendrían los comparecientes que comprimir sus ideas, observaciones y exposiciones en muy pocas líneas en turnos ridículamente cortos. Las vistas, cuando las hay, se han conducido ante menos legisladores y tornado en vistas casi pro forma, donde un presidente de comisión a veces en solitario terminaba aturdido luego de largas y absurdas jornadas, escuchando decenas de testimonios telegramados sobre varias medidas legislativas. El espacio para vistas públicas, sesiones ejecutivas y vistas oculares se redujo dramáticamente.

Hay comisiones legislativas que aun recibiendo pocas encomiendas, no las cumplen o al cabo de largos meses y hasta más tiempo si es que rinden informes, los presentan raquíticos, estereotipados y sin sustancia. Con ello se mata la facultad de las comisiones de proponer legislación. 

El aplastamiento de las vistas públicas descrito privó al país y a la prensa de uno de los principales foros de discusión pública. Asimismo, le cortó la circulación y la sangre misma al trabajo de los legisladores y de los cuerpos legislativos. Convirtió en desconocidos a la mayor parte de los legisladores, y para muchos, los circunscribe a la arena de los asuntos localistas con el consecuente debilitamiento de la consideración, evaluación y escudriñamiento de los problemas comunes a todo el país. En el mundo de las privatizaciones, las contrataciones festinadas, el gobierno al garete, las manos en la masa, las agencias menguadas y de los desastres mal atendidos, la mutilación acelerada de las comisiones y su desarme ha sido aparatoso y detrimental.

Otra discusión aparte, y muy legítima, es el costo de ese sistema de pagar una dieta diaria - por asistir a comisiones en las fechas en que no había sesión, o la propia cuantía de ese pago. Como también, las reuniones para discutir asuntos casi irrelevantes que llegaban a celebrarse, o la falta de preparación y estudio con la cual muchos legisladores llegaban a las vistas o reuniones con el único interés de cobrar la dieta.

Argumentos similares podrían hacerse sobre las facultades investigativas que poseen los legisladores --y que no utilizan-- como las de iniciativa investigativa, la presentación y aprobación de medidas investigativas, la inmunidad parlamentaria, por expresiones en los hemiciclos y en comisión, las de requerimiento de información y documentación, las de citación de testigos, acompañada de la fuerza de compeler judicialmente a comparecer, y la facultad de ambos cuerpos legislativos de conceder inmunidades. 

Muchas personas cuestionan que habiendo tantos legisladores que no conocen estas facultades, que no se esfuerzan lo suficiente en su encomienda, o  que no se interesan, ni estudian, o cuya preparación en las áreas temáticas de las comisiones a las cuales se les asigna es inexistente, no deberían tener tantas facultades. Olvidan que esas facultades existen para ejercerlas a nombre del Pueblo al cual representan.

La realidad es que los que así piensan, han visto muy pocas veces un despliegue sólido de la función investigativa legislativa o un ejercicio robusto de esas facultades y de la separación de poderes. 

El mejor ejemplo de ello es que la agenda investigativa legislativa más llamativa este cuatrienio se ha centrado en dos investigaciones que serían promedio en otros tiempos ---el retraso de autopsias en Ciencias Forenses y la compra de vacunas-- donde ha sido notable  el enmohecimiento y las insuficiencias, por la poca costumbre de ejercitar esa función, o hasta por falta de conocimiento de la mayoría. De la función investigativa del Senado este cuatrienio, muy poco o nada puede decirse, pues el abandono de la fiscalización y el ocio o la inactividad, allí son evidentes.

Es como si el legislativo y las agencias fiscalizadoras del Ejecutivo, salvo honrosas excepciones, se hubiesen combinado para secuestrar la fiscalización.

Lo que nos lleva a una conclusión terrible: ausente una vocación investigativa en la Rama Ejecutiva --notablemente en agencias fiscalizadoras como el Departamento de Justicia-- y reducida en extremo en el ámbito legislativo, el sistema de frenos y contrapesos ha sido puesto en una cuarentena de cuatrienio. Por ello todo parece estar y está al garete. De ahí, los Ricky Rosselló y su cuadrilla, más su cuatrienio extendido; las mafias institucionales; las compras alocadas; la politiquería con “las ayudas” en los desastres y la corrupción rampantes. Sin olvidarnos de la Junta de Supervisión Fiscal y su secuestro de Puerto Rico.

Una nueva Administración tendrá que rescatar o implantar por primera vez una verdadera  gobernanza, la transparencia, la fiscalización, la rendición de cuentas, los frenos y los contrapesos, la sensibilidad y la participación ciudadana. Tendrá también que devolverle al gobierno y a las mayorías que lo acaparan, el interés de servir y atender los problemas de la gente en lugar de ser un triste mensajero de la Junta de Supervisión Fiscal, o el cuadrilátero de una pugna interna del partido de mayoría.