Ahora que mi madre de 85 años recibió su segunda vacuna contra el COVID-19, reparo de pura angustia en su tránsito por el sistema médico-hospitalario de esta ínsula frágil, no porque me aflija verla envejecer—la mujer ha llegado hasta aquí casi entera y con pocas cicatrices—, sino porque he podido mirar de cerca la crueldad que padecen los adultos mayores que pagaron su seguridad social como cualquier persona pero, por vivir en Puerto Rico, reciben apenas una fracción de lo que en ley les correspondería de Seguro Social y Medicare.