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La composición de la nueva legislatura que entrará en funciones el año próximo plantea un reto inesperado para las relaciones entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal. Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, quedan varias decisiones críticas en la agenda de la Junta y el gobierno que habrá que atender con urgencia tan pronto se instale la nueva administración.
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