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Hace 120 años, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que la Constitución federal no opera automáticamente en los territorios y que el Congreso cuenta con autoridad para regular y disponer sobre las posesiones de la nación. Esta norma se incorporó en la psiquis jurídica, política, cultural y económica de Estados Unidos. Desde entonces se toma como un hecho establecido y no sujeto a consideración mayor.
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