Escribo esta reflexión mientras nos preparamos para el paso de otro fenómeno atmosférico cerca de nuestra isla.  Cuando llega septiembre, ineludiblemente pensamos en el ápice de la temporada de huracanes. Y es que tradicionalmente los peores huracanes nos han impactado durante este mes, con excepciones. La lista incluye a Santa Clara en 1956, Hugo en 1989 y Georges en 1998, entre otros fenómenos que azotaron nuestra isla, previo al huracán María, del cual aún luchamos por recuperarnos.  Estos últimos tres ciclones, por desgracia evidenciaron que aún tenemos pendiente reversar el ciclo vicioso de no implantar lecciones aprendidas.

Desproporcionadamente, los daños de los huracanes han sido mayores a la vivienda.  Luego a los sistemas de energía eléctrica, carreteras, acueductos y demás infraestructura física.  A pesar las experiencias, los estudios y recomendaciones luego de estos desastres siguen siendo esencialmente los mismos: acceso a vivienda segura, cumplimiento con códigos de edificación, construir en cumplimiento a la reglamentación vigente, lograr una infraestructura resiliente y con la capacidad de mantener continuidad en los servicios esenciales luego de un desastre.  Esta vez, contrario a 1998 y 1989, se han asignado sumas históricas de recursos federales para lograr una recuperación adecuada.

Los fondos identificados para nuestra reconstrucción son aproximadamente $80,000 millones.  Entre estos, se destacan $19,900 millones de las subvenciones de fondos CDBG, y $48,000 millones para nuestra infraestructura bajo la sección 428 de la Ley Federal Robert T Stafford.  Otras fuentes incluyen $2,500 millones para proyectos de control de inundaciones.  

Hay también fondos identificados para medidas de desarrollo económico que alleguen inversión.  Sin embargo, a casi dos años del huracán María, solamente se ha desembolsado aproximadamente el 15% de estos fondos porque la burocracia excesiva se apoderó de los procesos a nivel federal. Llegamos al verano de 2019, cuando tras acusaciones de corrupción y la revelación de un chat, el gobierno se vino abajo.

Nos encontramos en una aparente calma, pero de estancamiento también.  Más ha podido la burocracia federal que el reclamo de comunidades vulnerables.  Aproximadamente la mitad de los toldos azules temporales instalados, o 30 mil familias, siguen en espera de la reparación permanente de los techos. Y están aún con los toldos porque no tienen recursos para reparar sus techos.  Este retraso continuará fomentando la construcción informal que producirá el rechazo de ayudas gubernamentales. El problema lo vimos luego de los huracanes Hugo y Georges.  Más ha podido la burocracia que la ayuda a los más necesitados.

Sin embargo, hay esperanza.  Esto apenas comienza. Pendiente está la llegada de los programas de la reconstrucción.  Tenemos aún la oportunidad de reconstruir nuestra infraestructura y economía, y dar a nuestras comunidades acceso a oportunidades que cambien materialmente sus posibilidades.  Lo importante es que podamos inyectarles sentido de urgencia a quienes tienen el poder de resolver los problemas de burocracia.  Aún hay oportunidad de corregir los errores.  Estamos a tiempo para terminar las reformas estructurales que necesitamos, implantar motores económicos, de adiestrar a nuestra fuerza laboral para los trabajos del futuro y obtener una infraestructura resiliente.  Es importante, en tiempos de clima cambiante, evitar que nos toque otra tormenta de intensidad mayor en este estado de vulnerabilidad.

Muchas personas me preguntan si estamos listos para el próximo desastre natural.  La respuesta es más compleja de lo que pensamos.  Y es así pues el estar preparados es un asunto que comienza a nivel familiar y comunitario.  Es nuestra responsabilidad entender los riesgos a los que estamos expuestos y cómo manejarlos.  No podemos dejarlo todo al gobierno.  Aún queda mucho por hacer y el momento es ahora. Manos a la obra…