Cuando se hacen comentarios sobre las deficiencias en la educación pública, se piensa en lo que ocurre en el salón de clases y no en las deficiencias administrativas del Departamento de Educación. Durante años se ha desacreditado la escuela pública mediante los resultados de pruebas estandarizadas (Pruebas Puertorriqueñas y luego META). De este modo, se proyecta al país que hay que atender la realidad de que los estudiantes no aprenden y los maestros no enseñan. Así se establecen contratos con compañías privadas para que se ofrezcan tutorías a los estudiantes y desarrollo profesional a los maestros. A esto se añade la asistencia técnica a directores escolares. 

Esta práctica se ha realizado por más de 15 años y los resultados en las pruebas son básicamente los mismos. Los resultados favorables han sido para las compañías que generan ganancias económicas con el uso de los fondos federales. Ningún gobierno ha fiscalizado a estas compañías que en muchas ocasiones son dirigidas por exfuncionarios rojos y azules.

El pueblo se enfoca en que el problema está en el salón de clases, lo cual les permite a los administradores del DE ocultarse detrás del escenario para seguir nombrando personal a base del criterio político partidista y contratando a los que buscan hacer negocios con los fondos públicos (que incluyen fondos federales).

En el 2002, luego de los actos de corrupción de Víctor Fajardo, el Departamento de Educación cayó en la lista de jurisdicciones de alto riesgo. Eso implicó que el Departamento de Educación Federal (USDE) ejerciera una fiscalización constante del uso de fondos federales y la multiplicación de procesos burocráticos y reuniones en las escuelas para cumplimentar decenas de informes. En el año 2011, sale el DE de la sindicatura por su “cumplimiento” en el uso de fondos federales.

En el 2019, luego de acusaciones contra Julia Keleher, se requiere un síndico que lo tenemos que contratar y pagar del fondo general. Es escandaloso que se congelen $1,500 millones de fondos federales porque no hay confianza en el gobierno de Puerto Rico, por la incompetencia y corrupción de administradores del DE.

Según indica El Nuevo Día en su edición de 27 de noviembre, los fondos federales del DE estarán bajo sindicatura al menos hasta el 2024. Este próximo viernes 6 de diciembre de 2019 es la fecha límite para que las empresas interesadas en imponer la sindicatura sometan sus propuestas. La empresa que sea contratada la tenemos que pagar con los fondos del pueblo. Lo mismo que ocurre con la Junta de Control Fiscal. Es decir, los problemas administrativos causados por políticos e incompetentes los paga el pueblo.

La dependencia de fondos federales ha implicado la imposición de una visión pedagógica que no responde a nuestra realidad puertorriqueña, caribeña y latinoamericana. Ha impedido que forjemos un currículo adaptado a nuestras necesidades y aspiraciones. Sin embargo, debo reconocer que las maestras y maestros han ejercido la función docente contra viento y marea. A pesar de que la imposición de los fondos federales se centra en medir exclusivamente matemática, español e inglés, nuestros estudiantes son exitosos en diversas competencias académicas, deportivas y culturales. Los maestros continúan realizando las adaptaciones pertinentes al currículo para hacerlo pertinente a nuestra realidad social, cultural y económica. 

Celebramos los éxitos de nuestros estudiantes en ferias científicas, olimpiadas de matemáticas, “spelling bees”, oratoria, canto, baile, deportes, teatro, ensayos, cuadros de honor, entre otras. Sin embargo, nunca vamos a celebrar resultados de pruebas estandarizadas porque existen para justificar fondos federales, no para medir aprovechamiento académico. Los gobernantes, los legisladores y los secretarios de Educación conocen esta verdad, pero no la reconocen. Su presencia en las premiaciones a estudiantes de duodécimo (12) grado que obtienen un promedio de 4.00 es la mejor evidencia de que los trece anos que han pasado en la escuela publica culminan en esa graduación de cuarto año, que es el mejor indicador del éxito de la escuela pública. 

Hay deficiencias en el servicio educativo, pero las podemos superar si permitimos que se implante la autonomía escolar de cada escuela sin recurrir al modelo de privatización y estableciendo las alianzas correspondientes con la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones sin fines de lucro que buscan apoyar a la escuela, no controlarla o generar ganancias. 

Hay diversos contratos que el DE realiza con empresas privadas que son innecesarios porque poseen el personal en la misma agencia para realizar la labor. Para algunos servicios directos al estudiante se utilizan fondos federales que por la burocracia no llegan a tiempo al estudiante. Posiblemente podemos identificar otras alternativas de autogestión que sustituyan esos fondos federales. Sin embargo, es prudente señalar que, como con tantos otros fondos federales, es más lo que sale en ganancias de Puerto Rico hacia los Estados Unidos que lo que recibimos en fondos federales. Es momento de evaluar si los fondos federales son un apoyo o un obstáculo para la educación pública.