Al inicio del año académico 2021 – 2022 escribí sobre los retos de la educación superior en Puerto Rico, donde claro está, se incluyó a la Universidad de Puerto Rico (UPR). En aquel escrito abundé sobre cómo atender, dada la llegada de los fondos federales por pandemia y los nuevos cambios sociales, la creación de una oferta académica variada en términos de sus modalidades y la actualización de programas académicos que respondan a la realidad socioeconómica del país respetando la cultura, el ambiente y la diversidad. Añadí, en especial para la UPR, que las instituciones de educación superior deben ser más proactivas en la revisión de procesos académicos y administrativos. Esto debía ser prioridad para el principal centro docente del país, pues es la que mantiene procesos altamente burocráticos, los que la tienen anquilosada en su estructura administrativa y de gobernanza.