La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, creada bajo la Ley federal de Supervisión, Administración y Estabilización Económica (Promesa), ha logrado reclasificar $4,000 millones en deuda del Banco Gubernamental de Fomento y $17,000 millones en el Plan Cofina.

Además, desde el 10 de mayo de 2019 presentó para la aprobación del Tribunal del Título III de Promesa un acuerdo provisional de apoyo (RSA, por sus siglas en inglés) al Plan de Ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En este acuerdo, el 90% de los bonistas se obliga a votar a favor del Plan para la AEE, el cual puede tener un impacto considerable sobre el crecimiento económico y la calidad de vida de la isla.

La Junta decidió utilizar la Regla 9019 de la Ley de Quiebra, que permite la aprobación judicial de una estipulación tipo RSA de forma separada, en vez de incluirla dentro del Plan de Ajuste.

Pero esto requiere convencer al Tribunal sobre la razonabilidad del RSA en cuanto a los beneficios que ofrece a la AEE, y de que su aprobación no engendrará otra quiebra futura.

La Junta alega que el RSA evita litigios complicados, porque un porcentaje mayoritario de acreedores aceptó el acuerdo y surgió de una negociación genuina entre las partes.

Por su parte, el Tribunal podría considerar beneficioso el archivo de la petición pendiente para el nombramiento de un síndico en la AEE, que podría terminar en una liquidación desorganizada de la agencia.

Por otro lado, el impacto sobre la economía que tendría un aumento tarifario y el gran interés público de mantener una oferta de energía eficiente y razonable, no pueden quedarse fuera de la ecuación.

A la vez, la Junta solicitó limitar la participación en los procesos de aprobación del RSA a los acreedores de la AEE y reducir la prueba a demostrar el beneficio que obtendría la AEE en la transacción.

De concederse estas limitaciones, las partes interesadas en participar en la vista sobre el RSA señalada para el 14 de enero de 2020, no podrán presentar evidencia sobre efectos negativos en la economía general y la solvencia de la AEE bajo el RSA.

Esta controversia procesal es importante, ya que congresistas (Grijalba, Velázquez y Soto) y otros grupos que objetan al RSA, quieren participar plenamente en la vista de enero. A esta petición se han opuesto la Junta y Aafaf.

Los grupos objetantes alegan que los recortes a la deuda bajo el RSA son bajos (32%) para una reestructuración de $8,500 millones y que dependen de aumentos irrazonables en tarifas energéticas de 4.5 centavos kilovatio hora (2029 - 2044) y aumentos de 13% hasta 47% en cinco años.

A la vez, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) presentó un estudio del London Economics International, cuestionando la disponibilidad de sobrante para el pago de acreedores y opinando que el RSA resultará en una quiebra futura de la AEE. La inclusión del estudio es objetada por la Junta.

El UCC, además, alegó que la Junta propone reestructurar $8,500 millones en bonos a cambio de aumentos tarifarios brutales ($20,000 millones en 47 años) para pagar a bonistas que tienen solo garantías sin recurso (“non-recourse”) con menos prioridad que los acreedores no asegurados.

El Tribunal de Promesa podría celebrar la vista señalada en enero, pero posponer su decisión hasta tanto se integre el RSA con el Plan de Ajuste de la AEE, porque resultaría difícil ignorar las objeciones contundentes hechas al RSA.

A la vez, persiste la incógnita sobre la intención de la rama legislativa de Puerto Rico de aprobar la emisión de los bonos sustitutos, cuyas nuevas garantías (“securitized”) dependen de los aumentos tarifarios creados bajo el RSA. ¿Cuál herramienta tiene la Junta para imponer una emisión de bonos e implantar el Plan de la AEE, sin la cooperación del poder legislativo?