Durante las pasadas semanas, la discusión pública ha estado inmersa en un asunto que superficialmente nos hablaría de violaciones éticas, penales o incluso crasos conflictos de interés entre funcionarios públicos, el sector privado, y los vínculos familiares o políticos de nuestra economía. No obstante, esto apenas son síntomas de un problema económico mucho más grande y complejo. Un problema que no se resuelve por legislación u órdenes ejecutivas, y que va a la médula del desarrollo económico de Puerto Rico. Se trata de la calidad de nuestras instituciones públicas y su capacidad para resolver los problemas socioeconómicos que asedian la Isla. Pero antes de añadir una crítica más, vale la pena deconstruir el problema, veamos.