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El remedio puede ser peor que la enfermedad. Así quedó confirmado, una vez más, con la aprobación reciente de dos leyes relacionadas con la información pública. Se trata de las leyes 122 y 141 de 2019, conocidas respectivamente como la Ley de Datos Abiertos y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Ambas padecen de tantos defectos que es preciso que se deroguen lo antes posible.
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