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Las órdenes ejecutivas y el regreso de las omnímodas
El temor de perder lo que le quedaba de imperio a España en el siglo XIX llevó a Fernando VII a conceder a los gobernadores: “amplias facultades para mantener la seguridad” en la isla. Estas facultades se conocieron como “las omnímodas”, y permitieron al gobernador gobernar la isla como plaza sitiada, lo que llevó a algunos a cometer “graves injusticias, excesos y arbitrariedades en contra de la población”.
Cuando pensábamos que las omnímodas habían llegado a su fin a través de la Carta Autonómica de 1897, llegó la invasión estadounidense y con esta su gobierno militar.
Este gobierno -que duró hasta 1900– nos gobernó a través de “General Orders” autorizadas por el presidente William McKinkey, donde se estipulaba que “los poderes de la ocupación militar eran absolutos y supremos”. Los “General Orders” le permitían a los gobernadores militares administrar y legislar al mismo tiempo para así eliminar todo aquello que no se ajustara “a los usos y buenas costumbres” americanas. Una de las primeras cosas que se eliminó fue el gobierno autonómico, el 6 de febrero de 1899.
En 1900 se impuso la Ley Foraker, que creó un gobierno dirigido por civiles estadounidenses. Esta ley, aunque creó una Cámara de Delegados dirigida por puertorriqueños, también creó un Consejo Ejecutivo que mantuvo la unión entre el ejecutivo y el legislativo. Finalmente, es a través de la Ley Jones en 1917 que se establece la separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Luego, esta fue una de las condiciones que se impuso en la Ley Federal 600 de 1950 que autorizó la redacción de nuestra Constitución.
La gobernadora de Puerto Rico, a través de las órdenes ejecutivas emitidas a partir de la pandemia del COVID-19, ha pretendido regresar a los tiempos pre-1917. Estas órdenes, que se expiden al amparo de la ley del Departamento de Seguridad Pública, otorgan al gobernante “poderes extraordinarios para dictar, enmendar y revocar reglamentos, emitir, enmendar y rescindir las órdenes que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia o desastre”. Además, establecen que estos dictámenes tendrán fuerza de ley mientras dure la emergencia sin establecer un término de duración. Pero una cosa es emitir una orden bajo la inmediatez de una tormenta -como acaba de ocurrir- y otra cosa es pretender seguir gobernando mediante decretos bajo una emergencia que ya dura casi cinco meses.
La gobernadora ha tenido tiempo suficiente para convocar una sesión extraordinaria para que la Legislatura legisle todas las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Cada vez que se emite una orden ejecutiva relacionada a la pandemia se vulneran derechos establecidos en nuestra Carta de Derechos.
Los padres de nuestra constitución contemplaron situaciones en las que se podrían limitar estos derechos y establecieron un proceso a seguir. El mismo está contemplado en la penúltima sección de la Carta de Derechos que dispone que: “la enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo”. Esta última oración la definió el Dr. José Trías Monge como “el contrapolo equilibrador de la primera” y el Dr. Antonio Fernós Isern afirmó que “sets forth the principle of liberal construction of the power of the Legislative Assembly to enact laws for the general welfare”. Por lo tanto, la gobernadora tiene en sus manos el poder para proteger a los ciudadanos con apego a la Constitución.
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