Las señales de humo que salen del Vaticano cuando se elige un Papa, que pueden ser nubes negras o blancas, son esperadas por los feligreses con pasión. 

Igualmente, los politólogos locales esperaban desesperados por ver los primeros humos que saldrían de La Fortaleza luego de las primeras reuniones de la gobernadora Wanda Vázquez con la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y con José Carrión III, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF), esta semana.

La reunión con los alcaldes parece que terminó con la gobernadora comprometiéndose a “defender” la ley 29-2019, estatuto firmado por el exgobernador Ricardo Rosselló que exime a los municipios de la contribución al plan de salud y del pago de pensiones por el gobierno central conocido por el “Pay-Go”. 

Sin embargo, este aparente “compromiso” surge sin identificar las fuentes y réditos necesarios para suplir tales erogaciones y sin tomar en consideración que existe una demanda presentada por la JSF para anular dicha legislación, donde se alega que la ley 29 resulta contraria a Promesa y al presupuesto certificado por la JSF (FOMB v. Vázquez Garced / PR Fiscal Agency  FAFAA – Adv. Pro. No. 19-00393, 3 july 2019). 

En cuanto a dicha demanda, la jueza Laura Taylor Swain, quien entiende en los procesos bajo la ley Promesa, acaba de emitir una orden denegando la primera petición que hace la gobernadora Vázquez, solicitando tiempo adicional para defenderse en este litigio. En la vista señalada esta tarde, la jueza tomó consideración de este asunto sin decidirlo.

En esta demanda, la JSF solicitó un interdicto contra la aplicación de la Ley 29 y también presenta una querella contra el pasado gobernador por haber ignorado y violado las disposiciones de la ley Promesa al reprogramar el uso de fondos en contra del presupuesto certificado por la JSF. 

Entre otras, se mencionan las siguientes secciones de Promesa que han sido violadas por el Ejecutivo: secciones 204 (c) (2) (prohibición de reprogramar fondos sin autorización de la JSF) y 108 (a) (prohibición - legislatura y gobernador - de tomar acción o legislar contrario a los propósitos de Promesa sin autorización de la JSF). 

La JSF en su escrito también alegó que la eliminación del Pay-Go significa que el gobierno tendría que conseguir por otros medios un total de $166 millones para las pensiones de los empleados municipales en el año 2020 y que si la ley 29 no se elimina, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales tendría que devolver $14 millones por mes para sufragar las pensiones.

Por su parte, el gobierno contestó la moción de la Junta explicando que la gobernadora entró recientemente a su posición, que se encuentra en medio de un proceso de transición significativo y que no estuvo envuelta en los hechos que dan lugar a la demanda de la JSF.  

Además se alega queeste caso es crítico para la reorganización del gobierno de Puerto Rico ya que incluye asuntos que afectan directamente a los pensionados protegidos por la sección 201 (b) (1) (C) de Promesa y a los municipios, e incluye controversias de magnitud sobre la interpretación correcta de los poderes de la JSF bajo Promesa.     

Por otro lado, los alcaldes salieron de la reunión pensando que los procesos para desembolsar los fondos federales de recuperación serán “acelerados” y que ellos podrán ahora contratar estas obras directamente, aunque ha sido anunciado el posible nombramiento de un coordinador federal para administrar los fondos de recuperación y supervisar la contratación. 

En conclusión, aunque los primeros pasos de la gobernadora Vázquez en cuanto a procedimientos pendientes en el tribunal de Promesa, incluso las pensiones y los municipios crean muchas preguntas, su estilo comedido y cuidadoso ha calado bien ante los distintos grupos afectados y con la JSF, y dicho estilo parece estar más a tono con la mediación y negociación que el tribunal de Promesa impulsa.