Estos días han remesado el ya endeble sistema de gobierno en Puerto Rico. El poder más importante que puede tener cualquier funcionario, jefe de agencia o gobernante, es la autoridad moral que le reconocen sus subalternos para tomar decisiones que los obliguen, que sean vinculantes para ellos en las funciones que define la ley.

Por eso decimos que una cosa es la autoridad formal, la que define la ley habilitadora, y otra la autoridad moral, que se le adjudica o se le niega al gobernante cuando se le pierde el respeto.     

No hay duda de que toda esta ola de rumores, filtraciones, investigaciones sotto voce o públicas, afectan la autoridad moral del gobernante de turno. Por eso no se puede improvisar ni reaccionar emocional o gonadalmente, porque el prestigio moral está en juego.

El Estado federal tiene un inmenso poder para investigar; puede con autorización de un magistrado intervenir conversaciones telefónicas, puede alambrar y grabar de diversas formas y puede convocar a un Gran Jurado ante el cual el investigado puede acudir con abogado, pero este tiene que quedarse fuera de la sala en lo que se investiga a su cliente. Este puede pedir permiso para consultar pero su abogado no puede intervenir presencialmente en el proceso. Si el investigado se niega a declarar puede ir preso durante el tiempo que dure la constitución del Gran Jurado federal.   

A nuestro juicio, luego de Pueblo vs Sánchez, hay una sola jurisdicción plena en la colonia. Ello implica que si los federales inician una investigación contra un ciudadano del Estado Libre Asociado, ellos ocupan el campo y esta investigación no puede ser intervenida por un funcionario del ELA, sea el gobernador o su secretaria de justicia.      

Parece obvio para muchos que si un abogado diestro e inteligente, como el licenciado Raúl Maldonado, habla públicamente de una mafia en el Departamento de Hacienda que comete delitos, previamente ha iniciado una cooperación con el FBI y se convierte de facto en un testigo protegido.

Por esto no me parece que sea real o plausible el intento del Departamento de Justicia local citarlo so pena de desacato. Tal vez hacerlo constituye  un intento de relaciones públicas, buscando reactivar la autoridad moral de las autoridades coloniales, en vista de que la autoridad moral no existe. 

Los investigados en casos de corrupción deben conocer la Quinta Enmienda de la Constitución federal. Deben conocer el derecho a estar representados por abogado(a) o que el Estado le busque uno si no pueden pagar y temen incriminarse. Deben conocer el inmenso poder del Estado para investigarlo y procesarlo, y no actuar emocionalmente. Deben decir la verdad y pesar su fidelidad al gobernante vs. el derecho a la presunción de inocencia y la obligación de decir la verdad para salvar la cabeza suya y la integridad de su familia, aunque lo amenacen con arrancarle la cabeza de la pequeña parcela de poder que ejerza en la colonia.

Esto quiere decir que la lealtad de cualquier ciudadano debe ser a su patria, a su nación, a los que le brindaron el tesoro de su confianza, que es el pueblo de Puerto Rico y no a un gobernante que ejerce un mini poder efímero. Nadie asciende a un puesto público para enriquecerse, no por la vía formal o por la informal. Nadie se corrompe accidentalmente sino por voluntad propia. 

Todos podemos equivocarnos en el ejercicio de la función que nos adjudican como poder temporero. Pero no intencionalmente. 

Lo que no es posible es actuar como un equipo tribal, que si se protege junto, se salva junto. La ley de probabilidades es que, con o sin abogado diestro, puede perecer su libertad y lo que es más valioso, su prestigio y su reputación moral, que tiene un valor tan alto, que no debería ser comprada ni puesta en el mercado a ningún precio.