Ha regresado a la palestra el ex monitor federal en el caso de la reforma de la Policía de Puerto Rico, Arnaldo Claudio. 

Claudio está involucrado en dos controversias. Por un lado, es querellante, victima y/o testigo en el caso del chat de Telegram que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló. De ahí surge la alegación de que hubo una conspiración para impedir sus funciones como monitor. 

Por el otro, el juez federal Gustavo Gelpí designó al juez Francisco Besosa para que celebre una vista y determine si Claudio violó una orden de confidencialidad, según le imputan las partes en el caso de la reforma de la Policía. La alegación es que Claudio hizo pública información cuya divulgación era la prerrogativa del Tribunal. 

Muchos se preguntan si los problemas de Claudio son consecuencia de haberse excedido de los parámetros de las funciones encomendadas por el Tribunal o, por el contrario, si surgen de las acciones de quienes quieren callar su voz.      

La Corte nombra a un monitor para que la asista. Los monitores realizan diversas actividades dirigidas a informar al Tribunal sobre el progreso del cumplimiento de órdenes y acuerdos judiciales. 

El monitor no es un ente independiente sino un agente de la Corte. Interactúa con la organización monitoreada para asegurarse de que esta da los pasos requeridos para cumplir lo acordado u ordenado. El monitor es responsable de informar al Tribunal sobre cualquier incumplimiento. Los informes del monitor se notifican a la partes en el pleito, las que pueden exponer sus puntos de vista antes de que el Tribunal tome alguna acción.  

El Tribunal recibe los informes del monitor, evalúa la posición de las partes y celebra vistas como parte del proceso de determinar si el informe del monitor es correcto y/o amerita alguna acción. Cuando un monitor hace comentarios públicos sobre sus observaciones y adelanta el contenido de su informe, entra en áreas reservadas al Tribunal, posiblemente violando ordenes de confidencialidad.

En Puerto Rico hemos tenido monitores en múltiples casos. Uno de los más conocidos es el de Morales Feliciano v. Romero Barceló. En esta acción de clase radicada en 1979, se determinó que las condiciones de confinamiento provistas por el Departamento de Corrección violaban las garantías constitucionales de los reclusos.

El caso Morales Feliciano requirió el nombramiento de un monitor para dar cumplimiento a una estipulación que disponía sobre asuntos como las capacidades de los complejos correccionales, el tamaño de las celdas, el plan general de seguridad, el plan para el uso y manejo de armas de fuego, los planes de emergencia, el manual de políticas y procedimientos, entre muchos otros. 

El Tribunal federal nombró en 2006 a un monitor cuando la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados fue acusada de crímenes ambientales. El Departamento de Justicia federal demandó a la AAA, la cual tuvo que pagar sumas millonarias y mejorar el tratamiento de aguas residuales. El monitor supervisó los acuerdos a los que llegaron la Agencia de Protección Ambiental federal y la AAA.

Tanto en el caso Morales Feliciano como en el de la Autoridad, los monitores hicieron su trabajo sin generar publicidad. Cumplieron con su rol de velar por el cumplimiento de las órdenes, los acuerdos y someter sus informes y recomendaciones al Tribunal. Los informes de los monitores en estos casos, particularmente en Morales Feliciano, resultaron en sustanciales multas por incumplimiento por parte del gobierno local. 

Claudio no hizo su trabajo tras bastidores. Frecuentemente se metió en problemas y fue objeto de ataques por sus comentarios públicos. Estos provocaron la intervención del juez Gelpí, quien le “aclaró” el ámbito de sus funciones.  

Les corresponde al Departamento de Justicia de Puerto Rico y al FBI determinar si Claudio fue objeto de una conspiración por parte de los participantes del chat de Telegram. Al juez Besosa le toca decidir si Claudio diseminó públicamente información confidencial, según alegan las partes en el caso de la reforma de la Policía. 

Son múltiples las imputaciones públicas que ha hecho Claudio desde que renunció como monitor. Muchas son imputaciones serias que debió someter a los foros pertinentes. Le llegó el momento de aportar la evidencia para sustentar sus alegaciones.