

Recordarán los lectores que, a finales de marzo de 2022, luego de un trimestre de relativa calma en el que las cifras de mortalidad causada por las pandillas salvadoreñas disminuyeron de forma considerable, se produjo un estallido el fin de semana del 25, 26 y 27 de aquel mes que acabó con esa tranquilidad de forma trágica: 87 asesinatos en los 3 días. La polémica reacción que tuvo el gobierno salvadoreño es bien conocida: solicitó a la Asamblea Legislativa bajo su control declarar el estado de excepción que suspende derechos y libertades ciudadanas fundamentales, como la libertad de asociación y parte del derecho a la defensa en los procesos judiciales. La reacción internacional no se hizo esperar, los señalamientos sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de Bukele, el ejército y los cuerpos policiales volvieron a caldearse y denunciarse.
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